Los juzgados tramitan una veintena de denuncias por la ocupación ilegal de viviendas

El Tribunal Superior de Justicia inscribe estas denuncias dentro del denominado 'Informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales'. Se trata de un documento que el Consejo General del Poder Judicial realiza cada tres meses para examinar las consecuencias de la desaceleración económica en el terreno de la legalidad. Y entre ellas sobresalen por su importancia los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, una figura de retórica compleja pero que, en realidad, trata sencillamente de acelerar el mecanismo para que un afectado pueda recuperar su propiedad.

Vinculado a la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, este tipo de procesos se basa en las declaraciones orales y tiene aplicación sobre ocupaciones que claramente no han sido consentidas ni toleradas por el propietario. El propósito consiste en restituirle lo antes posible los bienes y evitar el alargamiento de los plazos que supondría, por ejemplo, acudir a la vía penal por un delito de usurpación. En estos procedimientos, Cantabria aparece como una región poco conflictiva: una decena de demandas cuando durante el tercer trimestre de este año se interpusieron un total de 982 en toda España, de las que los juzgados resolvieron 634. El mayor volumen corresponde a Cataluña (239), seguida de Andalucía (150), Comunidad Valenciana (141) y Madrid (111).

Las cuatro autonomías, junto con Murcia, encabezan los pleitos vinculados a la economía particular, como es el caso de las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos por la Ley de Arrendamientos Urbanos. La situación más crítica la registra Cataluña. Cantabria, en cambio, ocupa también aquí una posición moderada y a la baja. Entre julio y septiembre se interpusieron 44 procedimientos de carácter hipotecario en la región, lo que supone una caída del 38,9% respecto a los 72 expedientes habidos en el mismo periodo de 2018.

290

demandas por despido han llegado a los juzgados de lo Social de Santander entre julio y septiembre.

Los desahucios provocados por estos procesos se quedaron en una quincena, casi un tercio menos respecto al ejercicio anterior. Respecto a los lanzamientos causados por el impago de alquiler, los juzgados cántabros recibieron 91 notificaciones. Igualmente, hay una disminución de un 3,2% de pleitos; una tendencia extensible al resto de España, donde los 10.177 desalojos practicados por orden judicial marcan un mínimo histórico desde el comienzo de la crisis.

Existe un tercer tipo de litigio que, sin resultar tan polémico ni perjudicial, constituye un foco de tensiones vecinales: la reclamación de deudas monetarias como las derivadas de los gastos comunes de una comunidad de propietarios. Y al revés que en el resto de capítulos, aquí la morosidad gana peso. Los juzgados cántabros dieron entrada a 1.899 notificaciones frente a las 1.472 de un año antes. El aumento es del 29%, un poco por debajo del 35,5% de media del resto del país.

El Consejo General no sólo examina la conflictividad económica de puertas adentro: también lo hace en el terreno laboral. Y aquí la situación no pinta bien: en el tercer trimestre se presentaron 23 concursos -dieciséis de empresas y siete de persona física- frente a trece del ejercicio anterior -once de empresas y uno de particular-, lo que implica un 76,9% de aumento, superior incluso al 39,25% de promedio general. El Juzgado de lo Mercantil declaró nueve concursos; en uno se abrió fase de convenio y en cuatro se fue a la liquidación.

Y mientras, los seis juzgados de lo Social de Santander registraron 290 demandas por despido, cuarenta más de las presentadas un año antes. Las reclamaciones económicas fueron 378.