Los médicos que atendieron a la mujer dicen que sus lesiones «son compatibles» con un acto sexual consentido

Los médicos que atendieron a la mujer dicen que sus lesiones «son compatibles» con un acto sexual consentido
Antonio 'Sane'

En la última sesión del juicio al hombre que supuestamente golpeó y forzó sexualmente a una mujer en Pesués, el fiscal reiteró la petición de once años de cárcel

DM .
DM .Santander

Los médicos que atendieron a la mujer que supuestamente fue golpeada y forzada a mantener relaciones sexuales en Pesués (Val de San Vicente) han afirmado este martes que las lesiones que presentaba son «compatibles» con su denuncia, pero también con un acto sexual consentido.

Así lo han declarado en la segunda y última sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia de Cantabria, en el que la Fiscalía ha atribuido al acusado un delito de agresión sexual y otro de lesiones, por los que solicita una condena de once años de cárcel.

Según la versión de los hechos que dio en la sesión del lunes la mujer, el acusado, que le estaba enseñando su casa después de haberla invitado a comer, le tiró del brazo para que se tumbara junto a él en la cama de la habitación de su hijo y la obligó a mantener relaciones sexuales, la golpeó en la cara y la sujetó del cuello. Esta mujer también contó que después de estar en la vivienda se fue con el acusado a Oviedo, donde pasaron el día y cenaron.

Añadió que no huyó porque cuando iban en el coche hacia allí el encausado no quiso dejarla en ningún lugar cercano donde pudiese coger un autobús y, además, no llevaba casi dinero en la cartera ni tenía batería en el teléfono.

Los médicos que han declarado este martes como peritos en el juicio han asegurado que las lesiones que presentaba la mujer en la cara son «compatibles con lo que relataba» y han descartado que pudiesen derivarse de un golpe fortuito. Pero los facultativos también han admitido que las lesiones podrían ser resultado de relaciones sexuales consentidas.

Respecto a si el trastorno que padecía la denunciante pudo influir en cómo reaccionó a la presunta agresión, han explicado que quienes lo padecen pueden presentar un «mal manejo de las situaciones de frustración» que puede llevar a enfrentar algunas circunstancias de forma ilógica.

Por su parte, el equipo que realizó el informe psicosocial de la mujer ha explicado que el episodio juzgado «ha hecho que se agrave la sintomatología que venía arrastrando», así como que su relato y sus síntomas son «compatibles».

La mujer comenzó a manifestar estos síntomas cinco meses después de que supuestamente se produjesen los hechos, unos dos meses antes de que se le realizase este examen, lo que «es algo que ocurre», según las profesionales que han asistido al juicio.

Han coincidido los médicos en que uno de los trastornos que sufre la mujer, caracterizado por generar inestabilidad emocional, afecta a su manera de procesar las situaciones y puede producir que «funcione bajo otros criterios» distintos de los más habituales.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, que ejerce la mujer, han mantenido sus peticiones previas de pena.

La Fiscalía solicita una condena de once años de cárcel -nueve por el delito de agresión sexual y dos por el de lesiones-, alejamiento y prohibición de comunicación, y una medida de libertad vigilada durante otros nueve años. Además, en concepto de indemnización pide que sea condenado al pago de cerca de 4.500 euros.

Declaración «absolutamente persistente»

Para el fiscal, «la declaración de la víctima ha sido absolutamente persistente» y ha contado con «todo lujo de detalles», además de con «datos periféricos que la corroboran». Ha asegurado también que la mujer no perseguía intereses económicos al denunciar y ha rechazado que se quisiese meter en «procesos» e «incomodidades» para sacar un beneficio.

Y sobre que la mujer pasara el día con su presunto agresor, el fiscal ha subrayado que «nadie ha dicho que esta persona estuviera cómoda y estuviera bien» con él.

La acusación pide quince años de prisión, prohibición de comunicación y alejamiento durante veinte años, así como una medida de libertad vigilada de diez años tras la pena de cárcel. Fija en 15.922 euros la indemnización que el acusado debe pagar a la víctima por las lesiones y el daño moral sufrido.

«La víctima lo vivió con horror, con desesperación y con un miedo que ha quedado probado», ha destacado la letrada de la acusación para justificar la mayor gravedad de la pena solicitada respecto a la planteada por la Fiscalía.

La defensa

La defensa ha recalcado que el acusado no ha cambiado su declaración y no ha dejado de afirmar que las relaciones sexuales fueron consentidas. A su juicio, «no hay ninguna prueba de cargo para una acusación tan grave».

El encausado ha hecho uso de su derecho a la última palabra para insistir en su inocencia y hacer suyas las palabras de su abogado.

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