Los okupas «investigan sus objetivos» y «están bien informados» sobre las casas

En Cantabria, el problema ha saltado a la palestra debido a la ocupación de cuatro viviendas en Meruelo (en una ya se ha solucionado el conflicto) lo que ha llevado a los vecinos a crear una coordinadora de vigilancia anti-ocupación con todo el apoyo del Ayuntamiento. Si uno se pregunta cuántas viviendas hay a día de hoy ocupadas en Cantabria, pincha en hueso. Las administraciones aún consideran que éste es un problema entre particulares, por lo que a ninguna le compete de forma directa. Salvo en dos momentos: cuando el propietario denuncia el caso en un juzgado o cuando los ocupantes generan algún conflicto en su vecindario y las fuerzas del orden (Policías Locales o Nacionales o Guardias Civiles) se ven obligadas a intervenir.

Hay que añadir que los ocupantes «suelen preferir propiedades cuyo titular es una promotora, una entidad bancaria, la Sareb o alguna institución pública porque «saben que este tipo de organismo tarda más en ponerse en marcha y denunciar. Investigan sus objetivos», indica un juez de Santander para explicar lo parcial del número del CGPJ y el hecho de que la información sea «un laberinto». El profesional, que prefiere no ser citado, distingue entre ocupaciones en pisos vacíos -lo más habitual- y «en casas vividas y, entonces, la ocupación es un allanamiento de morada». Además, los procedimientos para recuperar una propiedad pueden ser penales o civiles, dependiendo de las circunstancias.

Aunque en teoría quien ocupa es alguien en exclusión (o en grave riesgo) y que carece de medios para conseguir un techo de otra manera, el juez conoce casos de ocupaciones realizadas solo por unas semanas «por expertos en la extorsión: gente que 'entra' en un edificio para conseguir un dinero rápido». Cuenta uno del que sabe como ciudadano: «hace poco una familia grande se repartió por todos los pisos de un inmueble recién construido y solo se marchó de allí cuando toda la comunidad se unió para pagar una importante cantidad económica que 'liberó' el edificio.

Para explicar «lo imposible» del dato, Pedro Pérez Noriega, concejal de Policías de Torrelavega, apunta que, en su municipio, solo tienen noticia «de los casos que han sido conflictivos por algún motivo (unos 15 ó 20)» aunque es consciente de que «puede haber alrededor de 30 propiedades ocupadas en la actualidad. Solo intervenimos si se denuncia algún problema de salubridad o convivencia. La experiencia nos dice que buscan viviendas que 'no dañan' a una persona (y por eso eligen casas de entidades): así viven más tiempo. Un banco puede tardar meses en darse cuenta de que le han entrado en una casa».

En Santander y Castro Urdiales, las policías locales no llevan ni registro ni estadística. En Camargo tienen noticia de dos ocupaciones de casas (no pisos) en la actualidad.

La Guardia Civil se atiene a su trabajo: sus agentes solo actúan si se produce la denuncia en el mismo momento en que los ocupantes están entrando en una casa y el delito atribuible es el de allanamiento de morada. Por eso, un portavoz pide que cualquiera que vea una acción de este tipo «avise con rapidez . Cuando la vivienda ya está ocupada, solo se desaloja con mandamiento judicial. Es relativamente fácil detectarles, porque suelen actuar en grupo».

No lo ve tan sencillo Emilian Revenco, el abogado que está asesorando al Ayuntamiento de Meruelo, que cree que la denuncia rápida «en la práctica» tampoco es tan eficaz «ya que los ocupantes están bien informados de cómo y cuándo deben llevar a cabo la ocupación para que el delito no se considere flagrante».