El Parlamento rechaza la petición del PSOE de paralizar el convenio con Santa Clotilde

«La privatización es la esencia del PP: Descapitalizar la pública para favorecer a la privada. No gestionar para que al final tengamos que ir a la privada y justificar la privatización», afirmó el diputado Raúl Pesquera (PSOE), que defendió que el Ejecutivo de Sáenz de Buruaga toma esta necesidad sin que exista «ninguna necesidad» y reconoció que su proposición no de ley tenía un marcado componente político. «Es una propuesta de ideario, de valores y la forma de entender los servicios públicos y relacionarnos con el sector privado», insistió el también exconsejero.

Desde el PRC, no están en contra de este tipo de convenios porque la colaboración público-privada en sanidad ha sido eficaz en el pasado «para cubrir los servicios a los que lo público no puede llegar», pero sí de cómo se ha fraguado. Según Paula Fernández, con ocultismo y convirtiendo un apoyo externo puntual -que sí defienden los regioalistas- en algo estructural. Además, lo que reclamó la diputada es que antes de firmar un contrato de este tipo se analice con detalle qué servicios hace falta externalizar y si existen alternativas en lo público, algo que en esta ocasión no ha ocurrido. Un poco la misma tesis que Vox. La diputada Natividad Pérez explicó que ellos están un punto medio entre el «oscurantismo» del PP y el dogmatismo del PSOE, que «colapsa cuando oye la palabra 'privada' o 'concierto'».

El argumento del PP para rechazar la iniciativa fue similar a la que la semana pasada desplegó el consejero Pascual. «No es nada nuevo. Es indecente criticar los comportamientos que ustedes han hecho desde hace años», dijo el diputado Miguel Ángel Vargas en referencia a los contratos que el bipartito firmó con Santa Clotilde, que sumaron «84 millones de euros». O que siguen firmando en las autonomías que el PSOE gobierna, como Asturias y Navarra. La diferencia, según Pesquera, es que en el pasado se firmaron cumpliendo la Ley de Contratos y con concurrencia competitiva de las empresas, no a dedo. Además, eran más cortos. En esta ocasión, al extenderse a lo largo de dos décadas, «condicionará la política sanitaria de los próximos gobiernos. «Por ejemplo, si quisiéramos crear una Unidad de Paliativos en Liencres, no lo podríamos hacer», concluyó.

Lo que no pudo evitar el PP es la iniciativa del PRC que reclama al Ejecutivo autonómico un plan de choque con medidas concretas que puso sobre la mesa ante los problemas en los cribados de cáncer de mama. Para la diputada Fernández, son «inaceptables» los retrasos de cuatro meses en la lectura de mamografías o que mujeres lleven dos años sin hacerse la prueba. El PP votó en contra porque dice que esas medidas ya se han tomado. Una de ellas, la externalización de parte de las lecturas de las pruebas en Santa Clotilde.