La prórroga del Presupuesto dejaría maniatado al Gobierno sin nuevas inversiones ni reforma fiscal

Para encontrar el último precedente de prórroga presupuestaria en Cantabria hay que remontarse más de tres décadas atrás, a 1992 y 1994, con Juan Hormaechea como presidente y un Parlamento sumido en una profunda crisis política y de estabilidad. A partir de entonces, con la llegada del bipartito PP-PRC y después la alianza de los regionalistas con el PSOE, además de la legislatura en solitario de Ignacio Diego, la región siempre contó con unas Cuentas actualizadas y aprobadas en tiempo en la Cámara. Solo en 2017 se retrasaron dos meses por la negociaciones entre PRC, PSOE y Ciudadanos.

Ahora la situación es muy distinta. Si el PP no suma tres votos a favor a los quince diputados que ya tiene, la prórroga de las Cuentas de 2025 será automática, lo que evitará un vacío legal a costa de la flexibilidad para generar nuevas inversiones o afrontar las reformas fiscales anunciadas por Buruaga. Es decir, permite continuar el gasto corriente para no paralizar al Gobierno, pero imposibilita todas las medidas vinculadas al crecimiento.

Pero, ¿exactamente qué podría y no podría hacer el Ejecutivo si se ve forzado a la prórroga? El consejero de Economía tendrá los mismos 3.740 millones de este año sobre la mesa, pero no necesariamente tendrá que gastarlos de la misma manera. Podrá moverlos de un sitio a otro para reforzar determinadas partidas. Por ejemplo, si el PP quiere subir la nómina a los docentes, necesitará quitar 17 millones de un lado para llevarlos a Educación. Igual que los 97 millones que Buruaga ya había anunciado que incrementarían las cuentas de Sanidad. Algo sumamente complicado en un Presupuesto como el de Cantabria, donde la mayoría del gasto ya está comprometido para pagar el sueldo de los funcionarios y cubrir los servicios públicos esenciales. El margen de maniobra es pequeño en un Presupuesto nuevo, así que en una prórroga es mínimo.

Además, la libertad de movimientos entre partidas no es total. Hay restricciones marcadas por la ausencia de la figura de los decretos ley y por la propia Ley General Presupuestaria. El Gobierno, por ejemplo, no podrá sacar dinero de los capítulos 6 y 7 (inversiones y transferencias de capital) para llevarlo al capítulo 4 (el dedicado a transferencias corrientes).

Obras clave en marcha como el Museo de Prehistoria y Arqueología (Mupac), el polígono de La Pasiega y la protonterapia de Valdecilla no se verán afectadas por la prórroga, ya que cuentan con partida pluarianual propia. Pero el Ejecutivo no podrá añadir nuevas inversiones. Todo el dinero extra que ingrese sobre los 3.740 millones deberá apartarse en Tesorería y utilizarse exclusivamente para amortizar deuda.

La presidenta no podrá ahondar en la reforma fiscal que puso en marcha cuando llegó al Gobierno en 2023. Para el próximo año había anunciado un nuevo paquete de medidas dirigido a movilizar el mercado de vivienda y a ayudar a las personas con discapacidad o una enfermedad rara. «Estamos en un proyecto de cambio imprescindible, que no es cosmético, que no es solo de caras ni superficial, sino estructural y muy profundo», dijo. Algo que no podrá cumplir con una prórroga presupuestaria.