«Nos quieren echar como castigo por no apoyar a Zuloaga»
Los militantes del PSOE amenazados de expulsión ya han presentando sus alegaciones, en las que denuncian «una persecución para aleccionar a otros»
El PSOE de Cantabria sigue abriendo nuevos frentes -el relevo en Delegación de Gobierno y la no reclamación del IVA- sin terminar de cerrar ... los que arrastra desde hace meses. Uno de ellos es la amenaza de xpulsión que pende sobre tres militantes que exigieron ver las cuentas del partido y criticaron la «mala gestión y falta de transparencia» del secretario general, Pablo Zuloaga. El partido decidió castigarles con toda la dureza posible y recomendar a Ferraz que les obligue a entregar sus carnés. Tras un proceso disciplinario resuelto a toda velocidad, Zara Ursuguía (exdirectora general de Deporte), Otto Oyarbide (exconcejal de Torrelavega) y Marta Domingo (exdirectora general de Universidades) ya han presentado sus alegaciones, y en ellas dicen sufrir «una persecución para aleccionar a otros». «Nos quieren echar como castigo por no apoyar a Zuloaga en el Congreso», señala Oyarbide, quien en su día respaldó, junto a las otras dos afectadas, la candidatura de Eva Díaz Tezanos.
El instructor del caso, el concejal de Castro Urdiales Pablo Antuñano, fue el encargado de firmar la resolución más contundente de su expediente disciplinario. Pero la sanción para estos tres militantes no es por reclamar documentación económica y administrativa, sino por la rueda de prensa que convocaron a las puertas de Bonifaz tras presentar oficialmente el escrito con sus demandas. El partido la tacha de «innecesaria» y con el único objetivo de «perturbar y dañar» la imagen del PSOE.
Sin embargo, los tres implicados consideran «exagerada» la decisión, ya que en ningún momento han contravenido decisiones del partido ni cuestionado su gestión. Oyarbide explica que calificar como «muy grave» sus acciones supone equipararlas a las de condenados por corrupción o las de otros militantes del PSOE que en el pasado pidieron el voto para otro partido. «Solo hemos pedido documentación, pero ellos buscan cercenar nuestros derechos con un castigo premeditado», se quejan.
El instructor del caso puede archivarlo o insistir en la expulsión enviándolo a Madrid. La resolución puede tardar días o años
La pelota ahora está en el tejado del instructor del caso, quien puede archivar el caso o insistir en su expulsión y enviarlo a Madrid a la Comisión Federal de Ética y Garantías. Los plazos no existen. Puede resolverse en días o eternizarse en meses o años.
Oyarbide, Domingo y Ursuguía forman parte de ese sector crítico muy vinculado a Eva Díaz Tezanos. El día de autos, los tres no se andaron con paños calientes y acusaron a Zuloaga de gestionar el partido «con opacidad y poca transparencia», además de priorizar la imagen personal de los líderes a la moderación del gasto. También pusieron en duda que los militantes con cargo político estén dando una parte de su sueldo a la organización para su sostenimiento económico.
No fueron los únicos que durante aquellos días de diciembre cargaron contra la política económica interna del secretario general, pero sí fueron los únicos que lo hicieron en público. Miembros de su propia Ejecutiva, sobre todo de la Agrupación de Santander, le afearon haberse enterado por El Diario Montañés de que una empresa se había interesado en comprar la histórica sede de Bonifaz para construir un hotel.
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