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Registro civil de Torrelavega. Luis Palomeque
Los registros civiles ganan dos años tras la quinta prórroga de la reforma legal

Los registros civiles ganan dos años tras la quinta prórroga de la reforma legal

Cantabria ·

La Comisión de Justicia del Congreso aprueba una moratoria para que no entre en vigor la ley de 2011 e impedir así el desmantelamiento del servicio en los pueblos

CONSUELO DE LA PEÑA

SANTANDER.

Martes, 24 de abril 2018, 07:09

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«Sin una prórroga se hubiera montado un caos el 1 de julio». La frase, pronunciada por el director general de Justicia de Cantabria, Pablo Ortiz, resume las graves consecuencias que hubiera tenido la entrada en vigor en esa fecha de la reforma legislativa que prevé la supresión de los registros civiles y la práctica extinción de los juzgados de paz.

Tras siete años en la cuerda floja y con el fantasma de la privatización encubierta encima, los registros civiles han tomado oxígeno por otros dos años. La Comisión de Justicia del Congreso ha acordado prorrogar hasta el 30 de junio de 2020 la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil de 21 de julio de 2011, tras el acuerdo al que llegaron el pasado jueves PSOE, PP, Ciudadanos, PNV y PdeCat, con la abstención de Podemos. Se trata de la quinta moratoria desde la aprobación de la ley en 2011.

Este pacto paraliza la aplicación de la reforma, que si entrara en vigor tal y como está redactada, supondría la desaparición de los ocho registros civiles situados en los partidos judiciales de Santander, Torrelavega, Medio Cudeyo, Santoña, Laredo, Castro Urdiales, Reinosa y San Vicente de la Barquera. Esta norma tiene en vilo también el puesto de trabajo de los 68 empleados que mantienen activas todas estas oficinas, ya que la norma sólo contempla la existencia de un único registro en cada comunidad autónoma, en el caso de Cantabria situado en Santander, y en las ciudades con más de 500.000 habitantes.

La reforma del Registro Civil, que prevé la supresión de las oficinas, entra en vigor el 1 de julio

«Esta prórroga da estabilidad a sus puestos de trabajo en el medio plazo y abre las puertas al mantenimiento del Registro Civil bajo su gestión, reforzando sus funciones como personal especializado», subraya Javier Jordán, portavoz del sindicato CSIF, mayoritario en el sector en Cantabria, que ha valorado «positivamente» la adopción de esta moratoria.

Pero, además, la ley de 2011 supone en la práctica la extinción de los juzgados de paz, que perderán sus competencias delegadas en materia registral, lo que les deja heridos de muerte y condenados a su desaparición. Cantabria tiene 94 juzgados de paz (uno en cada ayuntamiento, excepto en los que nueve partidos judiciales donde hay un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción), de los que 26 están gestionados por funcionarios de Justicia y el resto por los secretarios de los ayuntamientos. Esta estructura judicial mantiene un servicio próximo al ciudadano en una región de difícil orografía.

Esta es la quinta moratoria para impedir que entre en vigor una reforma dormida desde 2011

La norma, que el Senado volverá a mandar al cajón por otros dos años, busca la centralización de oficinas registrales y confía en una digitalización todavía lejana. «Faltaban elementos clave para poner en marcha el modelo, como es el programa informático nuevo, el reglamento que desarrollará la ley y la previsión organizativa», explica Jordán. El sindicato de funcionarios cree que esta 'vacatio legis' permitirá planificar con tiempo la implantación del nuevo modelo y «abordar la reforma de ley que garantice un Registro Civil público, único, electrónico, desjudicializado, gestionado por funcionarios de la Administración de Justicia y que mantenga una estructura territorial próxima a los ciudadanos».

La medida ha sido también muy bien acogida por Comisiones Obreras, sindicato que exigió una moratoria tras el fracaso de las proposiciones legislativas que PP y Unidos Podemos presentaron en febrero y marzo pasado en el Congreso para blindar el servicio en los municipios y mantener la actual estructura territorial al no contar con el respaldo del PSOE. No obstante, el sindicato cree que la prórroga «debería ir más allá e incluir que el Registro Civil será prestado por personal de la Administración de Justicia, el mantenimiento de las oficinas actuales (una por partido judicial) y de las funciones delegadas de los juzgados de paz», puntos que tanto el PP como Podemos habían incluido en sus proposiciones.

La nueva prórroga es por dos años, hasta el 30 de junio de 2020, fecha en que comenzará a aplicarse

El director general de Justicia da la «bienvenida» a una prórroga que da «garantías a los juzgados de paz y los registros civiles». Ortiz recuerda que el Gobierno regional es partidario de que sean los letrados (antiguos secretarios judiciales) quienes «estén al mando de los registros civiles y que sean los funcionarios quienes los lleven, algo que en la ley de 2011 no se contempla». También defiende el mantenimiento de los juzgados de paz como «servicio próximo al ciudadano, gratuito y dispensado por funcionarios». Por eso sostiene que esta quinta 'vacatio legis' «da aire a todas estas unidades y garantiza el servicio público al ciudadano». La prórroga se ha introducido como enmienda adicional en la proposición de Ley para delimitar normativamente la situación de vivienda desocupada, conocida familiarmente como 'la ley de los ocupas'.

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