El SCS revela actuaciones de la etapa del PP «idénticas» a las que ahora denuncia

A la izquierda, acta de comprobación de la inversión firmada en diciembre de 2017.A la derecha, el mismo modelo de documento, de 2013./DM
A la izquierda, acta de comprobación de la inversión firmada en diciembre de 2017.A la derecha, el mismo modelo de documento, de 2013. / DM

El gerente aporta al expediente «actas de validación de material antes de recibirse» y la relación de contratos menores: «Hasta 31 con la misma empresa»

Ana Rosa García
ANA ROSA GARCÍASantander

«Son prácticas habituales que se hacen en este Gobierno, en los anteriores y en todo el país». Este fue el principal argumento con el que el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González, se defendieron de las denuncias de irregularidades en las contrataciones, que salieron a la luz a través de un correo interno de la jefa de Contratación, Inmaculada Rodríguez, la mecha que encendió una polémica avivada por las «pruebas y realidades contrastadas» que a continuación presentó el PP. Pero desde el SCS no han tardado en encontrar ejemplos con los que tratan de devolver el golpe al principal partido de la oposición. Esa documentación se ha incorporado también al expediente informativo en curso, según ha confirmado a este periódico Pérez Gil. El gerente aporta actuaciones concretas de los gestores de la era del PP, con María José Sáenz de Buruaga al frente (2011-2015), que en unos casos son «iguales» a las que se denuncian y en otros, «mucho más graves».

Cabe recordar que el «reguero de irregularidades» presentadas por Buruaga, que ya investiga la Fiscalía (a petición de IU, que fue la primera formación en formalizar la denuncia), incluye «adjudicaciones a dedo», «recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados» y «uso fraudulento de los contratos menores». Acusaciones que apoya en el dosier que la líder del PP hizo llegar al presidente del Gobierno cántabro y a la Intervención General. Entre los expedientes aportados, destaca «el solapamiento de contratos a tres empresas que son la misma, vinculadas al hijo de un alcalde socialista».

Otra de las actuaciones cuya legalidad se ha cuestionado, en este caso a través del Sindicato Médico, ha sido la compra de 22 ecógrafos de Atención Primaria, valorados en más de 290.000 euros, y adquiridos uno a uno a dos empresas diferentes -Esaote y Sakura- «en lugar de hacerlo a través de un concurso». El propio González, en su primera y única comparecencia pública tras el estallido de la polémica, aseguró que «es todo legal», argumentando que «cada centro de salud es una unidad funcional, capacitado para realizar compras».

Entre papeles

Desde el Servicio Cántabro de Salud, en los últimos quince días convertido casi en una isla independiente de la Consejería -Real no solo puso distancia en sus declaraciones sobre el tema, sino que ha evitado aparecer públicamente junto a los dos altos cargos señalados-, han puesto en marcha el ventilador. Y entre los papeles que han salido a relucir, que ya avanzaron Pérez Gil y González en la rueda de prensa de la semana pasada, figuran «actas de recepción de suministros, sin haber sido recibidos», «idénticas» a las que ha puesto sobre la mesa el Partido Popular, aunque de cuantías inferiores. «Y no es un caso puntual», dice Pérez Gil. «Se ha hecho siempre, se recepcionan en origen equipos pendientes de llegar antes de que concluya diciembre para no perder la financiación, prevista en el presupuesto anual. De lo contrario, habría que asignar esa cantidad a las cuentas del año siguiente», señala, dejando claro que «todos los equipos que se han recepcionado de esta manera el pasado diciembre, ya están en el hospital», caso del acelerador lineal, los mamógrafos y el equipo de esterotaxia, adquiridos con la donación de la Fundación Amancio Ortega.

«Es una práctica habitual de este Gobierno y de todos los anteriores. La prueba es que solo de los años 2013 y 2014 (Ejecutivo del PP) hemos localizado seis actas de comprobación fechadas en diciembre de suministros entregados entre enero y abril del año siguiente, firmadas por el entonces gerente de Valdecilla, César Pascual», relativas a una mesa de tallado para dos operadores y dos técnicos (60.500 euros), un pleurovideoscopio (35.882 euros) un videobroncofibroscopio (21.400 euros), un monitor multiperamétrico inalámbrico (83.340 euros), camillas para Urgencias (43.120 euros) y una cabina de fototerapia (33.000 euros), según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

«Obra sin terminar»

«Y con las obras ocurre exactamente lo mismo», sostiene el gerente. «El caso más claro es la recepción de la fase III de Valdecilla (las Tres Torres), que se recepcionó sin haber concluido la obra», un ejemplo que compara con los trámites sobre la ampliación del centro de salud de El Alisal para unificar las Unidades de Atención Temprana, denunciados como «irregulares» por el PP. «La relación valorada de la obra de Valdecilla presentada en junio certificaba ejecutado el 100% del proyecto de la fase III, sin embargo en octubre aun había obra pendiente de ejecutar (Valdecilla Sur)», destaca Pérez Gil, que critica también que «la documentación entregada de los trabajos, no se corresponden con la realidad».

Pero no acaba ahí la lista de acciones desempolvadas por el SCS que cuestionan la gestión de los populares. «Si revisamos los contratos menores firmados de 2012 a 2014 encontramos que hay 31 obras de Atención Primaria encargadas a dos empresas que son la misma: Esteban Gutiérrez y Esgupi; y otras 8 obras a Garnica, firma a la que se adjudica también la limpieza de Atención Primaria», asegura el gerente, quien pone de manifiesto, además, que «en la mayoría de los casos no se pidieron tres presupuestos, como establece la ley de contratos»; y «mientras que nosotros hemos apostado por empresas cántabras, el PP trabajó más con compañías de fuera y multinacionales».

«El PP fraccionó en 16 contratos la obra de Farmacia de Laredo»

«Esto no es más que una guerra política que me ha cogido en medio», sostiene Julián Pérez Gil, que desde el primer momento ha defendido que «no ha habido irregularidad alguna en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud». Es más, garantiza que «todas las actuaciones han estado más sujetas a la ley de contratos que durante la legislatura del PP». Y precisamente bajo la gestión de los populares (2014) apunta que tuvo lugar «un auténtico escándalo»: «el proyecto de Farmacia del Hospital de Laredo, firmado en 2012 por valor de más de 600.000 euros, que se encargó sin convocar concurso público. Es un ejemplo claro de fraccionamiento en contratos menores, tramitados directamente desde la Gerencia de Laredo. Lo que hizo el Gobierno en aquel momento fue dividirlo en 16 partes, todas adjudicadas a la UTE Tiroa-Garbialdi. Se pagaron 213.081 euros con capítulo II y 419.110 euros del capítulo IV (inversión)».