«¿Revilla? Hay elecciones el próximo año y a todos nos gusta agradar a todos»

-La decisión final tomada por Educación no ha contentado ni a los sindicatos docentes ni a FAPA. Ambos han anunciado que impugnarán el calendario en cuanto se publique en el BOC. ¿Qué sensación le queda tras más de mes y medio de conflicto?

-La sensación de estar haciendo lo que debo hacer, de dar ejemplo de cumplimiento y acatamiento de la legalidad. Sería una irresponsabilidad máxima entrar a discutir informes jurídicos que, de manera clara, indubitada y rotunda, señalan que no nos estábamos ajustando a la legislación básica del Estado. Y lo que debíamos hacer por encima de todo era corregir esa situación. Mi obsesión ha sido tratar de conservar la estructura de un calendario que entendemos está siendo beneficioso para el bienestar físico y emocional de los alumnos, particularmente de Primaria, como también demostró la encuesta que realizamos, y conciliarlo con el cumplimiento de la legalidad.

-Para defender las 25 horas lectivas semanales, los informes jurídicos se aferran al Real Decreto-Ley Estatal de 2012. ¿Cantabria ha tenido entonces durante seis años un calendario escolar ilegal? ¿Cómo es posible que nadie lo advirtiera dentro de la Administración?

-Así es. Por lo que planteaban los representantes de las familias, de alguna manera sí era conocido que el modelo de calendario de Cantabria y de alguna otra comunidad autónoma no se ajustaba a lo establecido por la Ley. Pero no había un conflicto, nunca se había planteado abiertamente la posibilidad de acudir al juzgado en caso de que mantuviéramos la jornada lectiva reducida, como sí han hecho ahora FAPA y Concapa, que consideran que se conculca la Ley. Al mismo tiempo, la Consejería recibió una queja de una madre, en el mismo sentido, admitida a trámite por el Defensor del Pueblo. A raíz de esto planteamos la necesidad de solicitar un informe jurídico para atestiguar si esto era así o no. Nuestra propia asesoría jurídica puso de manifiesto que no nos ajustábamos a la legalidad pero que podía interpretarse que cabía la posibilidad de mantener una jornada reducida siempre y cuando se compensase con otras jornadas lectivas. Pedimos un segundo informe, a la Dirección General de Servicio Jurídico, que nos volvió a reiterar la ilegalidad. Yo no puedo permitir la posibilidad de que la Consejería sea condenada por no ajustarse a la reglamentación básica, que el calendario fuera declarado ilegal, retrotraer las actuaciones, obligar a los docentes a realizar más horas a mitad de curso... Creo que sería muy vergonzante y humillante.

-Y el resto de comunidades que tienen jornada reducida y no llegan a 181 días lectivos, ¿están incumpliendo también la legalidad?

-En España hay soluciones muy diversas: comunidades con jornada completa todo el año, como Andalucía y Extremadura; otras que mantienen la jornada reducida en septiembre y junio pero con más días lectivos que aquí; otras como Navarra, que conservan la jornada reducida pero con más horario el resto del año... Y Cantabria y alguna otra no se ajustan a la Ley. La situación de Cantabria era muy singular: era el único territorio que tenía hora y media de reducción, porque el resto tienen una hora, y además con el mínimo obligatorio de días lectivos: 175.

-La Junta de Personal Docente le ha reprochado falta de diálogo.

-Fueron los sindicatos docentes los que no quisieron valorar ninguna de las tres propuestas que presentó la Consejería de Educación cumpliendo esa legalidad que nos indicaron los informes jurídicos. Y de las tres, elegimos la que consideramos favorecía más el funcionamiento de los centros educativos: la de concentrar la jornada reducida en los dos primeras semanas de septiembre, para facilitar las labores de planificación, preparación, y en la última semana de junio, donde se acumulan la evaluación, las memorias, además del propio cansancio de los escolares. Mientras tanto, la Junta se mantuvo firme en sus propuestas que, a nuestro juicio, están fuera de la lógica jurídica de estos informes. Plantear una moratoria hasta el próximo curso, dejar las cosas como están cuando los informes señalan que estamos fuera de la Ley, no tiene ningún sentido.

-¿Y por qué no se ha tenido en cuenta la alternativa sindical de considerar lectivas todas las actividades que los maestros realicen con presencia de alumnos ?

-Porque no es posible considerar las actividades extraescolares como lectivas. El calendario laboral de los docentes son 37 horas y media, como cualquier funcionario, y no se debe confundir con el calendario escolar. Por tanto sabemos muy bien que hay un porcentaje de esas horas que ya están contempladas desde siempre en la Ley para actividades de preparación, de coordinación y también para actividades pedagógicas no propiamente lectivas. Y además de la objeción conceptual que puede plantear esta medida, que no existe en ninguna comunidad autónoma, la imputación individual de esas horas plantea técnicamente numerosas dificultades técnicas y problemas de justicia en el sentido de que si dos maestros de un colegio acompañan durante una semana a los niños en una excursión y los otros veinte no lo hacen, porque las actividades extraescolares son voluntarias, para todos, profesores y alumnos, ¿a quién le imputamos las horas? Parece obvio que exclusivamente a las personas que han realizado la actividad extraescolar. ¿Y al resto? Legalmente entendemos que esta alternativa de la Junta de Personal es una forma de sortear el dictamen de los informes jurídicos muy poco respetuosa con el espíritu de los mismos.

-La nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, ha señalado que tiene «intención» de revertir «a corto plazo» las medidas de ese Real Decreto que instauró el PP en plena época de recortes. Si se produce, ¿estaría dispuesto a cambiar su decisión?

-Pues, efectivamente, cuando tengamos un nuevo marco legal que abra otras posibilidades, podríamos plantearnos otro escenario. Pero a día de hoy no así. Estamos ya en julio y lo que necesitaba la comunidad educativa y la ciudadanía en general es que se tomara una decisión. Y para eso estamos los responsables políticos, aunque no siempre gusten. Y la decisión la he tomado después de haber explorado todas las posibilidades que se me han puesto encima de la mesa, de apurar las opciones y de buscar resquicios...

-Los maestros le han acusado de haber puesto en entredicho su profesionalidad, su dignidad.

-Jamás esta Consejería ni este consejero han puesto en cuestión la dignidad profesional de los maestros, en modo alguno. Me ha molestado especialmente porque creo que es una manifestación muy manipulada por los sindicatos docentes, que quieren ganarse el apoyo y el afecto de los profesores imputando al consejero cuestiones que jamás ha hecho ni se le ocurriría hacer, como es cuestionar la profesionalidad de los docentes. Entre otras cosas porque yo lo soy, lo he sido durante muchos años y lo volveré a ser. No puedo aceptar esto.

-El conflicto ha evidenciado serias discrepancias dentro del Gobierno que el propio Miguel Ángel Revilla ha reconocido. El presidente ha mediado en el conflicto dos veces, pidió a los sindicatos que hablaran directamente con él, ha hecho diversos guiños a los profesores en el Parlamento... Incluso ha dicho que si sale reelegido presidente a través de un nuevo pacto con el PSOE, el PRC se quedará con la gestión de la Educación. ¿Se ha sentido desacreditado?

-No, no, en modo alguno. Si el presidente de Cantabria hubiese querido, podría haber tomado otra decisión respecto al calendario escolar mediante un decreto presidencial. Y no lo ha hecho. Revilla es consciente y, así se lo trasladó a los sindicatos desde un primer momento, que la competencia en la materia era de la Consejería de Educación, que él nunca iba a incumplir la legalidad y que él podía mediar siempre y cuando hubiera actitudes de renuncia por las partes, porque en ninguna negociación se puede obtener el 100% de lo pretendido. En el Consejo de Gobierno se aceptó solidariamente la decisión que yo había adoptado, que no tiene por qué coincidir con los programas electorales de cada uno de los socios (PRC y PSOE). Como sucede en muchas otras cuestiones.

-¿Considera entonces los órdagos de Revilla como una mera estrategia de marketing en busca de réditos electorales?

-En breve hay elecciones, para todos, políticas, el próximo año, y también sindicales -se celebrarán al final de éste-. A todos nos gusta agradar a todos, sin duda, pero, a veces, en determinados conflictos, hay que tomar partido. Yo era consciente de que, a la luz de esos informes jurídicos, iba a ser muy difícil poder satisfacer las pretensiones sindicales, que todas ellas conducían a mantener el 'statu quo', y que esto iba a abocar a un cierto conflicto.Pero yo soy el consejero de Educación, no de los sindicatos docentes ni de las asociaciones de padres, y debo tomar decisiones velando por el interés general, por el cumplimiento de la normativa y por el buen funcionamiento de los centros.

-¿Qué papel ha tenido Pablo Zuloaga, secretario general de su partido (PSC-PSOE), durante este conflicto? Los docentes le acusan de decidir el cambio de rumbo de la Consejería.

-Es curioso porque los mismos que nos acusan de haber actuado por motivaciones electorales nos acusan también de no haber contentado a nadie con la decisión tomada y dicen además que las familias comparten las tesis de los sindicatos docentes y no las de FAPA. Es obvio que todo a la vez no puede ser, algo falla. El secretario general del PSC-PSOE está en lo que tiene que estar, en la dirección del partido y en la Delegación del Gobierno. Zuloaga tiene opinión al respecto, faltaría más, como la tiene el secretario general del PRC y la muestra en sus actos de partido y no tengo nada que decir al respecto, pero no ha intervenido en la decisión porque no puede intervenir. Yo soy el consejero y yo soy el que tiene que tomar las decisiones.

-¿Pensó en dimitir?

-No, nunca se me ha pasado por la cabeza. He pasado momentos ingratos, desagradables, he estado sometido a una enorme presión, pero cuando uno actúa con convicciones y honestidad, tomando una decisión que, por otro lado, se ve obligado a tomar porque hay una legalidad vigente y es aplicable al caso, difícilmente se le puede reprochar seriamente algo al respecto.