Revilla garantiza el apoyo del PRC a una comisión de investigación sobre los contratos de Sanidad

La consejera de Sanidad habla con el presidente durante el pleno./Roberto Ruiz
La consejera de Sanidad habla con el presidente durante el pleno. / Roberto Ruiz

El presidente defiende que el Gobierno ha actuado ante las denuncias de una forma «impecable, conforme a la ley y con una minuciosidad exquisita»

AGENCIASSantander

Miguel Ángel Revilla ha defendido esta tarde en el pleno del Parlamento la actuación de su Gobierno ante las denuncias de contratos irregulares en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). El presidente cántabro ha asegurado que el Ejecutivo PRC-PSOE ha actuado de una forma «impecable, con una minuciosidad exquisita y conforme a la ley» y le ha dicho a Ciudadanos que cuente con el voto de los 12 diputados del PRC para hacer una comisión de investigación.

«No se lo he preguntado (a los diputados), pero cuente usted con su voto», ha dicho Revilla al portavoz de Cs, Rubén Gómez, quien se ha mostrado decepcionado ante la «tibieza» del presidente y líder del PRC, que «había dicho que iba a ser implacable ante casos de corrupción», ha añadido.

Revilla ha achacado las críticas de Cs a «la diferencia que hay entre estar en el Gobierno y estar en la oposición» y se ha mostrado convencido de que si el partido naranja estuviera en el Gobierno, habría hecho lo mismo que la coalición PRC-PSOE.

En ese sentido, ha defendido que tras el correo electrónico de la jefa de Contratación del SCS y la denuncia del PP, el Gobierno «ha hecho lo que tenía que hacer», abrir un expediente informativo, porque así lo establece la ley. «Es un imperativo legal», ha insistido, a la vez que ha reiterado que «si se detecta algún tipo de historia que nos huela, no mal, sino un poco mal, iremos a la Intervención y a la asesoría jurídica».

Revilla ha recalcado que la propia consejera de Sanidad, la socialista Luisa Real, «será la primera en depurar responsabilidades si las hay» y ha vuelto a felicitar a Izquierda Unida por llevar el caso a la Fiscalía. «Yo hubiera ido al juzgado», ha reiterado, tras reivindicar que en el pasado dio «ejemplo» en ese sentido -al denunciar al expresidente Juan Hormaechea-.

Asimismo, ha dicho que «no duda» de que la jefa de Contratación del SCS «pueda tener razón», pero ha defendido también el derecho a que «alguien la pueda acusar de calumnias» -como ha hecho el subdirector de Gestión Económica del SCS-.

Por otro lado, en respuesta a las críticas de la presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, sobre la gestión de la consejera de Sanidad, Revilla ha defendido el incremento del presupuesto en este área, ha vuelto a criticar las promesas incumplidas del PP sobre Valdecilla y le ha pedido que se ocupe también de que el presidente Mariano Rajoy «cumpla» con los 44 millones pendientes de Valdecilla y otros 100 adicionales.

«Al jefe le han dicho que hay que aterrizar en Cantabria, por eso viene todos los sábados y domingos», ha afirmado en alusión al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y «ustedes de coro».

Por su parte, la consejera de Sanidad ha señalado en respuesta a preguntas de Podemos, que «no tiene conocimiento de irregularidad alguna» en el SCS y mantiene su «confianza» en la limpieza de los procedimientos de contratación, pero ha recalcado que su obligación es remitirse al resultado del expediente informativo que se está tramitando. Ha denunciado que en este asunto «se está actuando no sólo invirtiendo la carga de la prueba, sino delegando hasta la presunción de inocencia».

Y tras defender que el SCS está sometido a un control financiero permanente, ha mostrado el último informe de mayo de 2017, firmado por el anterior interventor general, que según ha dicho, concluye que los procesos de contratación en el SCS «se adecuan en general a la normativa vigente», y que existe -ha añadido Real- «absoluta normalidad en los procedimientos».

4 meses para la reestructuración del sector público

El pleno ha aprobado este lunes, con el voto de todos los diputados salvo los tres de Podemos y el de Ciudadanos, una moción que insta al Gobierno regional a presentar, en el plazo de cuatro meses, el segundo plan de reestructuración del sector público empresarial y fundacional, que contenga medidas detalladas en cada uno de los entes, así como los beneficios y ahorros de cada una de ellas.

La moción ha sido promovida por el PP, que ha aceptado una enmienda del PSOE para ampliar a cuatro meses el plazo inicial de un mes propuesto por los 'populares', si bien la diputada del PP Cristina Mazas ha lamentado la falta de consenso y ha reconocido que no tiene ninguna expectativa de que el Gobierno PRC-PSOE vaya a hacer nada en lo que queda de legislatura.

El portavoz de Cs, Rubén Gómez, y el de Podemos, José Ramón Blanco, han recordado que el informe sobre el sector público empresarial realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) a petición del Gobierno de Cantabria habla de un posible ahorro de 1,8 millones a corto plazo y 30 en cuatro años. G

Ambos han criticado que la Junta de Portavoces del Parlamento bloqueara la creación de una comisión de estudio del entramado público empresarial, ante lo que el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha dicho que se trata de esperar a que el Gobierno presente su informe sobre las medidas a implementar en las empresas públicas, «y si no nos convence los grupos pondremos en marcha esa comisión».

Financiación de Valdecilla y de Comillas

Otro de los asuntos ya habituales en el pleno es la financiación de Valdecilla. Este lunes ha quedado aprobado, a instancias del PRC, exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que garantice la financiación íntegra de las obras del Hospital hasta completar los 100 millones y que no se «cambien las reglas de juego a mitad de partido» para que la partida anual -de 22 millones de euros y recogida en los presupuestos de 2018- sea transferida, a diferencia de lo que ocurrió en 2016, cuando aparecía en las cuentas pero el dinero no llegó.

La iniciativa de los regionalistas ha salido adelante con el apoyo del PSOE, su socio en el Gobierno y encargado de la sanidad, Podemos y el diputado independiente Juan Ramón Carrancio, mientras que su compañero en el grupo mixto y portavoz de Cs, Rubén Gómez, se ha abstenido, y ha votado en contra el PP, que ha pedido la titular de la Consejería, la socialista María Luisa Real, que «haga los deberes» y se ponga «a trabajar» en la correspondiente propuesta de convenio a negociar y rubricar con el Estado.

Y también sobre financiación del Estado el Pleno ha aprobado otra moción, también del PRC, con los mismos votos a favor y en contra y la abstención de Podemos, para reclamar a Fomento que incluya en el presupuesto de 2018 una partida de un millón de euros, con cargo al programa de rehabilitación arquitectónica, para concluir la rehabilitación de la iglesia del Seminario Mayor de Comillas. La iniciativa ha sido defendida por la diputada y alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda, que ha comparado la cuantía solicitada con las aprobadas por el Ministerio para el patrimonio de Santander, tal vez -ha planteado- para «tapar los marrones« que el titular del departamento y exalcalde, Íñigo de la Serna, ha dejado a su sucesora en la ciudad, Gema Igual.

250 millones para la reindustrialización de Besaya y Campoo

El Parlamento instará al Gobierno central a elaborar un Plan de Reindustrialización Sostenible de las comarcas del Besaya y Campoo, dotado con una cuantía de 250 millones de euros en un programa pluarianual de cuatro años con un calendario de inversiones de 100 millones el primer año, 75 millones el segundo, 50 en el tercero y 25 millones en el cuarto año. Es el resultado de la aprobación, con la abstención del PP y Ciudadanos, de una proposición no de ley promovida por Podemos, que ha contado con el apoyo de los grupos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, así como del diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio.

El portavoz de Cs, Rubén Gómez, que se ha abstenido, ha explicado que la propuesta le genera «dudas» porque plantea una cuantía concreta -225 millones para la comarca del Besaya y 25 millones para Campoo-, y su distribución en varias líneas.

Por el PP, el exalcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha dicho que pedir 100 millones en el primer año es «no estar en el mundo que vivimos».

Por otro lado, el Pleno ha rechazado, con los votos de PRC, PSOE y Carrancio, una proposición no de ley que instaba al Gobierno regional a aprobar un plan de empleo público que garantice la prestación de servicios «de calidad» a través de una relación de puestos de trabajo que contemple la tasa de reposición actual y que recoja la modernización y transformación de la Administración.