Todo el sector rechaza por «insuficiente» el decreto regional que regulará los pisos turísticos

La Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria hizo público el borrador del decreto sobre viviendas de uso turístico el pasado 29 de agosto. /Manu Cecilio
La Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria hizo público el borrador del decreto sobre viviendas de uso turístico el pasado 29 de agosto. / Manu Cecilio

Las asociaciones, que ya han presentado 244 denuncias contra viviendas de uso vacacional, esperan que el Gobierno acepte sus alegaciones

DANIEL MARTÍNEZ SANTANDER.

Las asociaciones del sector turístico, las principales afectadas junto a los particulares que alquilan sus apartamentos en plataformas como Airbnb, han tenido exactamente un mes para estudiar el borrador del decreto con el que el Gobierno de Cantabria quiere regular las viviendas de uso turístico. El texto se sometió a exposición pública el pasado 29 de agosto, pero al día siguiente ya tenía una amplia lista de 'peros'. Tantos, que no dudan en calificar el documento como «insuficiente», «excesivamente leve» o «brindis al sol».

Las tres entidades que representan al sector en Cantabria (la Asociación de Hostelería, la Asociación de Turismo Rural y la Asociación de Campings) coinciden a la hora de rechazar el decreto por su falta de concreción y, sobre todo, porque deja fuera algunas de sus principales reivindicaciones, medidas fundamentales para luchar contra lo que consideran «una competencia desleal».

En este sentido, ya han presentando 244 denuncias contra los propietarios de otras tantas viviendas de uso turístico que son presuntamente ilegales y que se publicitan en los diferentes portales webs especializados en anunciar este tipo de servicios. A las 81 -una docena es fruto de los rastreos efectuados por particulares o por el propio Ejecutivo en las plataformas 'online'- que el Gobierno regional ya tenía sobre la mesa desde principios de mes pendientes de tramitación se han sumado esta semana otras 163, trasladadas todas ellas por el colectivo de casas rurales.

Las alegaciones

Igualdad fiscal
Piden que el decreto exija que para que se pueda dar a una vivienda uso turístico, esta actividad esté legalmente reconocida. Que su propietario haya pasado por Hacienda para obtener el alta censal y por la Seguridad Social para inscribirse como empresa.
Listado de huéspededes
Los hoteles están ya obligados a remitir cada día un listado de los turistas que tienen en las habitaciones por motivos estadísticos y de seguridad. Se pide que esta exigencia se amplíe también a las viviendas turísticas.
Permiso vecinal
El borrador dice que sólo será legal el alquiler de la vivienda si los estatutos de la comunidad no impiden expresamente su uso turístico. Hostelería pide que exista un permiso de los vecinos antes de que se pueda poner el anuncio de arrendamiento.

«Hay algunas lagunas importantes. Cosas que son muy relevantes. Por eso, tal y como está redactado, no es aceptable», explica Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, quien también remarca la buena predisposición de la Dirección General de Turismo que dirige Eva Bartolomé para llegar a un acuerdo.

A su entender, estas correcciones que piden al Ejecutivo regional servirán para «igualar el terreno de juego». «Economía colaborativa sí, pero no economía sumergida», defiende Cuevas, por entender que el distinto trato fiscal que se da a alojamientos ordinarios y a los extrahoteleros es injusto y puede afectar al futuro del sector.

De hecho, esta es una de las tres alegaciones que ha trasladado la entidad al Gobierno de Cantabria. Piden que el decreto exija que para que se pueda dar a una vivienda uso turístico, esta actividad esté legalmente reconocida. Es decir, que antes de poner el anuncio en una página web de alquiler vacacional, su propietario haya pasado por la Agencia Tributaria para obtener el alta censal y por la Seguridad Social para inscribirse como empresa dedicada a este fin. Estos dos requisitos ya existían en el decreto regional de 2010 -la realidad es que casi nadie ha realizado ese trámite-, pero en el borrador actual sólo se dice de forma genérica que debe «disponer de título jurídico suficiente para la explotación del inmueble como vivienda de uso turístico». Sí hace referencia a la obligación de aparecer en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria.

El turismo deja 170,2 millones de euros en Cantabria

Los viajeros que visitaron Cantabria durante el segundo trimestre del año (de abril a junio) gastaron un total de 170,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 29,5% respecto al mismo periodo de 2016. Según la Encuesta de Turismo del Instituto Nacional de Estadística, que también afirma que en esos tres meses la región recibió a 1.273.797 turistas, el gasto medio por persona fue de 136 euros, un 6,8% más. Por contra, el gasto medio diario ascendió a 45,4 euros, es decir, cayó un 6,2%.

La segunda alegación al decreto pide que estos apartamentos vacacionales tengan, al igual que los hoteles o casas rurales, la obligación de enviar un listado completo y diario de sus huéspedes. Además de su utilidad estadística, esta información también puede ser usada por las autoridades policiales en caso de que se produzcan diversos supuestos. Por último, la Asociación de Hostelería de Cantabria cree que es necesario incluir como requisito indispensable para que estas viviendas turísticas sean legales que tengan un certificado de la comunidad de propietarios en la que se ubica que confirme que conoce de su actividad. Es decir, un paso más a lo que proponía el Gobierno, que se conformaba con que los estatutos no prohíban explícitamente la llegada de turistas. «Y qué pasa con las que no están en una comunidad, porque las casas rurales son viviendas individuales», replica Jesús Blanco, portavoz de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria, mucho más crítico que Cuevas con el borrador. Además, añade, «para que haya una modificación de los estatutos es necesario el acuerdo de todos los propietarios, y el que quiera alquilar el alojamiento para fin turístico se va a negar».

En su opinión, requiere una «alegación a la totalidad». Entiende que si el decreto sale adelante, la única novedad sería que exige al arrendador la cédula de habitabilidad y un seguro de responsabilidad civil.

«No se habla de prestación de servicios, de controles de calidad... No tiene nada que ver con lo que nos piden a los demás. Porque a nosotros sí nos exigen cada vez más», lamenta Blanco, quien dice que si este decreto sale adelante, «lo mejor será que todos nos pasemos al sistema Airbnb. Si no vamos a pagar impuestos solamente los pardillos».

Más inspecciones

El mundo del camping hace suyas todas las críticas de la hostelería y las casas rurales y pone el acento en otro asunto, el control de las infracciones. «Desde el momento en que Turismo no puede actuar de oficio para controlar este tipo de alojamientos y se limita únicamente a regular, el decreto está abocado a no funcionar», señala su presidente, Pablo Alonso. Defiende que sea la Administración la que verifique que se cumple la ley con inspectores profesionales. «Ahora, para comenzar un procedimiento, es necesario que haya una denuncia particular previa. Ese es el gran problema que tenemos en este momento. Y nuestro papel no es el de hacer de policías. Eso le corresponde a otros». Además, pide al Gobierno que tramite las denuncias que ya se han formulado.

La Dirección General de Turismo aún no se ha pronunciado sobre estas alegaciones. Aunque hay comunicación informal, tampoco ha fijado una reunión con las asociaciones, que defienden que antes de dar el visto bueno definitivo es necesario conseguir «un decreto más consensuado» y que guste al mayor número de actores posible.

Las pymes del turismo rural se unen para acceder al mercado internacional

«Se trata de un traje a medida de las necesidades y exigencias que el mercado actual y las nuevas tecnologías requieren. Creemos que es una revolución empresarial». Así define la Asociación de Turismo Rural de Cantabria su nuevo plan integral de comunicación y promoción, que fue presentado ayer y tiene como principal atractivo la creación de una central de reservas a través de su página web con la que penetrar en el mercado internacional. Las pymes que se adhieran al plan no tendrán que pagar por publicitar sus alojamientos y estos aparecerán junto a un portal de promoción de Cantabria.

«Es un proyecto de los propios empresarios que deciden, en plena crisis económica, apostar por ser ellos los protagonistas de su propio negocio y de su destino», detallan los impulsores, que han trabajado durante tres años en la puesta de largo del proyecto. La asociación se dio cuenta de que, por sí solas, las pymes no podían llegar a todas las herramientas que exige el mercado. Por eso decidió que la mejor opción era agruparse para crear una plataforma que esté «al nivel de las grandes plataformas mundiales».

Además de la central de reservas, se incluyen servicios adicionales como el diseño de páginas web propias, sistemas de gestión de los viajeros, reportajes fotográficos, cursos de formación y reputación ‘on-line’. El plan también da acceso a otra serie de servicios fuera de la cuota básica entre los que se encuentran la creación y gestión de perfiles en redes sociales, vídeos promocionales y aplicaciones para teléfonos móviles.

La Asociación de Turismo Rural que dirige Jesús Blanco destacó ayer que todos estos nuevos servicios que componen el plan se llevarán a cabo por personal propio. Para ello, se han creado dos puestos de trabajo. «Servirá para colocar en el mercado internacional una oferta desconocida hasta ahora y con un gran potencial. Para muchos mercados internacionales, el turismo rural de Cantabria está por descubrir», remarcó Blanco.

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