Sólo nueve de las 150 fosas de la Guerra Civil localizadas han sido certificadas

Un estudio encargado al Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria (UC) en 2010 por la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno regional (en aquel momento, de PSOE y PRC), permitió documentar la existencia de 150 lugares donde se habían producido inhumaciones irregulares durante la guerra y en los años inmediatos tras su conclusión. Siete años después, sólo nueve de estas 150 fosas están certificadas y no se ha efectuado una sola exhumación. La última, en 2009, se quedó en intento: fue en la localidad de Caranceja, junto a la ermita de San Roque, en Reocín –figura como fosa certificada– donde no lograron encontrar restos a pesar de que llegaron a utilizar una excavadora.

Ángel Armendariz, profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, fue el director de la investigación (bajo el título: ‘Servicios para la ampliación y precisión del mapa de fosas de personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore y realización de trabajos preliminares a las actividades de indagación’), que duró cinco meses, corrió a cargo de dos becarias, Virginia Fernández y Silvia Gómez, y contó con una dotación económica de 20.000 euros.

«Luego no hubo continuación –explica Armendariz–; fue un trabajo preliminar, pero da idea de lo que hay en Cantabria: en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia aparecen siete fosas, y nosotros tenemos 150. Desgraciadamente, el trabajo se traspapeló en el Gobierno. Ahora parece que este nuevo Ejecutivo tiene intención de retomarlo y está pensando en elaborar una Ley de Memoria Histórica para Cantabria inspirándose en la del Estado».

El equipo dirigido por el profesor de la UC manejó todas las fuentes de información disponibles para elaborar su catálogo: archivos y registros de todo tipo, testimonios orales, bibliografía e investigaciones previas realizadas por instituciones públicas, asociaciones, historiadores y particulares.

Hablar de fosas es hablar de muertos enterrados en la cuneta. «No hay marcas en las tumbas, son anónimas, pero las hay de diferentes tipos: podían enterrarse en una cuneta, arrojarse a una sima o dejarse en el bosque, y generalmente se trataba de ejecutados, represaliados, asesinados, en definitiva. Luego hay fosas comunes como la de Limpias, en este caso muertos de un hospital, heridos de guerra que fueron enterrados todos juntos».

En el trabajo del Departamento de Ciencias Históricas se cuenta que cada uno de los bandos tenía sus preferencias a la hora de eliminar enemigos y así, mientras en la represión llevada a cabo por los nacionales sobresalen las numerosas ejecuciones tras juicios sumarísimos (o sin ellos), con sacas de la cárcel y ‘paseos’, entre los crímenes del bando republicano destacan la matanza del barco-prisión ‘Alfonso Pérez’ y los despeñamientos en los acantilados de los faros de Santander y Suances, además de la persecución religiosa. Según el historiador Jesús Gutiérrez Flores, la represión se cobró 3.614 víctimas en Cantabria, 1.144 por los republicanos y 2.532 por los nacionales.

La de Ciriego es, con diferencia, la mayor fosa de toda la región. En realidad son seis que, en conjunto, albergan los restos de 1.207 republicanos. «Las ejecuciones –se indica en el estudio– se llevaban a cabo en la pared exterior Sur del cementerio y las víctimas se registraban en el libro del cementerio como desconocidos, señalándose la manzana en la que eran enterrados, la fecha y el número de personas». Gracias al interés y el trabajo de un particular, Antonio Ontañón, existe hoy en Ciriego un libro extra donde figuran los nombres de 836 fusilados.

Los cementerios fueron frecuentemente el destino de los restos de los muertos. La otra gran fosa de la región está en el de La Llama, en Torrelavega, donde se enterraron al menos a 129 personas en diferentes ubicaciones. El resto de enterramientos irregulares, casi todos de republicanos, no cuentan con tantos cuerpos –de hecho, la mayoría sólo contiene uno–, y pocos son los que pasan de la decena. Viérnoles, con 33; la Torca de la Callejuca, en Arredondo (entre 17 y 40); El Condado, en Pámanes (entre 15 y 20), son la excepción.

«Ahora mismo no se está haciendo nada –reconoce Ángel Armendariz–, y creo que habría que hacer algo más que investigar cinco meses. Estaría bien que alguien se encargara de completar este trabajo y luego, dependiendo de los familiares, si reclaman los difuntos, que el Gobierno apoyara las exhumaciones».

Las primeras exhumaciones oficiales, para muertos de ambos bandos, se realizaron durante el franquismo, a finales de la década de los 50. Una vez recuperados los cuerpos, se fijaba una fecha límite para que los parientes se hicieran cargo de los mismos y, en caso de no reclamarlos, se trasladaban al Valle de los Caídos.

En Cantabria sólo se han realizado dos recientemente. Una es la ya mencionada de Caranceja, sin éxito; la otra se efectuó en el cementerio de Talledo, en Castro Urdiales, en 2005, a requerimiento de un familiar de uno de los allí enterrados. Fue un trabajo que llevó a cabo un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dirigido por Francisco Etxeberría, profesor de Medicina Legal de la Universidad del País Vasco. Encontraron los cadáveres de dos soldados republicanos del batallón Rosa Luxemburgo, Joaquín Garro Arizmendi y Joaquín Garro Tolosa, que encontraron allí mismo la muerte mientras huían hacía Vizcaya tras la toma de Santander por los nacionales.

Precisamente en la capital, Ganemos Santander Sí Puede pidió que se sacasen los cuerpos enterrados en el Ciriego, una tarea bastante complicada pues buena parte de los restos están revueltos; eso sin tener en cuenta que ningún pariente de los sepultados lo ha solicitado. «En Limpias también ha habido interés por parte de algún familiar de hacerlo, pero los restos están reducidos y, según ha explicado el párroco, también se ha enterrado allí a indigentes y vagabundos: para recuperar uno habría que hacer la prueba del ADN a miles de huesos. Más vale adecentarlo, con algo más que una plaquita, que figuren los nombres de los que están enterrados. Dignificar la sepultura y que deje de ser una tumba anónima», concluye Armendariz.