Aplazado el juicio contra un acusado de extorsión en Torrelavega porque está detenido en Galicia por contrabando

Tomás G. B. fue detenido el 13 de enero junto a un vecino de Monforte (Lugo) en una redada en la que se incautó una gran planeadora cuando intentaban botarla al agua de madrugada. Las investigaciones policiales apuntan a que ambos residen en Torrelavega y se dedican al transporte por lo que su tarea habría sido trasladar la planeadora oculta desde Verín hasta Moaña, según recoge la Voz de Galicia.

El letrado del acusado ha informado esta mañana a la Sección Tercera de la situación del acusado, detenido en Galicia, y se han fijado los días 26 y 27 de mayo como las nuevas fechas para la vista oral. En esos días deberá esclarecerse qué ocurrio en febrero de 2021 y, si como sostiene la acusación, Tomás G. B., que tenía «desavenencias» con la víctima, de común acuerdo con otras dos personas, trató de «obligarle» a que «cediese» el contrato que tenía suscrito con una empresa encargada de realizar servicios de transporte a Solvay.

El relato del Fiscal apunta a que Tomás G. B. interceptó el paso de la víctima con su vehículo mientras otro turismo, ocupado por los dos participantes desconocidos, se situó detrás para impedir que diese marcha atrás. El acusado y sus acompañantes, encapuchados, obligaron al hombre a salir del coche, golpeándole en la cabeza con la culata de una pistola, le amarraron las manos por la espalda con unas bridas, le introdujeron por la fuerza en el coche del acusado y le trasladaron a su garaje.

Una vez allí, la víctima permaneció sentada en una banqueta donde le golpearon con la pistola, le retorcieron los brazos y le «encañonaron con el arma en la boca» mientras le conminaban a dejar el trabajo de Solvay y cedérselo: «Yo iré a la cárcel, pero a ti y a tu familia os va a costar la vida».

Ante las presiones, la víctima escribió un correo electrónico al responsable de la contrata de Solvay en el que le anunciaba que cesaba en su actividad y que a partir de ese mismo día prestaría servicio la empresa del acusado. Pero los responsables de la contrata, «extrañados por la situación« se dieron cuenta de lo que pasaba y no permitieron al acusado la realización de ningún servicio de transporte.

Pero los mensajes intimidatorios no cesaban ante lo que la Guardia Civil montó un dispositivo de vigilancia que descubrió al acusado merodeando por los alrededores del domicilio de la víctima y también en Mercasantander, donde se encontraba estacionado su camión.

Por estos hechos, el acusado permaneció en prisión provisional durante un mes y, tras su puesta en libertad, se le impuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación con el perjudicado. Eso hasta el pasado 19 de febrero cuando fue detenido en Galicia con el camión que estaba especialmente diseñado y preparado para transporta grandes planeadoras y preparado para necesario cargar y bajar embarcaciones de una forma itinerante sin levantar sospechas y sin tener que depender de naves clandestinas o puntos específicos de almacenamiento de este tipo de embarcaciones. Las primeras pesquisas también apuntan a que los dos encausados no eran quienes iban a navegar hasta alta mar. De hecho, un testigo relató que poco antes de la llegada de los agentes, de la explanada de puerto huyeron seis personas a bordo de una furgoneta de color blanco, vehículo que emprendió la huida a toda velocidad al ver que la embarcación se atascaba con la estructura del remolque.

En mayo Tomás G. B. tendrá que enfrentarse al proceso abierto en Cantabria por el que el Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión, multa de 900 euros y prohibición de comunicar y acercarse a la víctima durante un tiempo de ocho años, como presunto autor de un delito de detención ilegal, otro de extorsión y un delito leve de lesiones. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, considera que el acusado debe indemnizar al perjudicado con 3.230 euros por los daños morales que le ha causado.