La Inspección de Trabajo detecta excesos en la jornada del servicio de diálisis

Gustavo Fuentes, responsable regional de Sanidad del sindicato recuerda que, precisamente, uno de los motivos de la huelga fue el incumplimiento de los «derechos laborales más esenciales» de la plantilla. La otra razón que empujó a los trabajadores a salir a la calle fue la «negativa» de la empresa a actualizar el convenio colectivo. La falta de negociación enquistó un problema que todavía no ha encontrado solución. En un intento por desatascar el conflicto, el servicio se concentró en febrero ante la sede de la Consejería de Sanidad para solicitar su mediación. Una petición que los profesionales también trasladaron al Parlamento. Finalmente, ante la falta de acuerdo, fue la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) la que trató de intervenir y convocó una reunión para que ambas partes pudieran «exponer sus argumentos». No obstante, el encuentro tampoco sirvió para aliviar ni acercar posturas en un problema que urge respuesta: «Nos preocupa la calidad del servicio», reconoce Fuentes.

El sindicato está ahora pendiente de otra denuncia presentada, esta vez en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para impugnar «los servicios mínimos abusivos del 100% del servicio» impuestos por la Consejería de Sanidad al tratarse de un servicio público y que, entienden, vulnera el derecho a huelga de los trabajadores. No obstante, «la sentencia de este juicio está prevista para principios de julio cuando el daño ya está hecho», recalcó Fuentes, que criticó que «lejos de velar por los derechos laborales y el adecuado funcionamiento del servicio, el SCS y la Consejería de Sanidad vulneraron con descaro el derecho de huelga».