El Tribunal de Cuentas advierte a la UC de que no cumple con la paridad de género

Imagen del Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad de Cantabria./María Gil Lastra
Imagen del Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad de Cantabria. / María Gil Lastra

El Informe de Fiscalización de 2015 señala que la Universidad «no satisface el equilibrio requerido» en los órganos de representación ni en las designaciones de los cargos de responsabilidad

José María Gutiérrez
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZSantander

El Tribunal de Cuentas advierte a la Universidad de Cantabria de que no «satisface el equilibrio requerido» entre hombres y mujeres en los órganos de representación, una situación que afecta «tanto a los órganos electivos como en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad». Esta es una de las principales conclusiones que arroja el Informe de Fiscalización de la UC del año 2015, último ejercicio en el que José Carlos Gómez Sal estuvo al frente del rectorado, ya que Ángel Pazos tomó el relevo en la primavera de 2016. En la documentación, enviada al Parlamento de Cantabria hace apenas unos días, el Tribunal de Cuentas hace, a través de 130 páginas, un detallado análisis de las cuentas, gestión, cumplimientos, debilidades y eficiencia de la institución académica, además de realizar una serie de recomendaciones «a fin de contribuir a la mejora de su actividad».

Las cuentas reflejan de «forma fiel» la situación financiera

El informe no pone pegas a la presentación de las cuentas anuales de 2015, porque reflejan, en sus aspectos significativos, «la imagen fiel» de la situación financiera y patrimonial de la Universidad de Cantabria, los resultados de sus operaciones y la ejecución del presupuesto de ese ejercicio. También concluye que no presentó endeudamiento con entidades financieras, que cumplió con los plazos de pagos a proveedores y que no superó el límite de gasto no financiero. «Es un informe francamente bueno, mejor que el anterior, cada año nos ponen menos pegas», resume Ángel Pazos. «En las cuentas no hay ningún problema, no hemos tenido que cambiar ni un número», presume Enrique Alonso.

El estudio refleja que, «diez años después» de la adaptación de la Ley de Universidades (LOU) a los valores y postulados de la Ley Orgánica que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad de hombres y mujeres sea real y efectiva, la UC «no cumple los objetivos propuestos en materia de paridad». Un mal que es «compartido» con el conjunto de las universidades públicas españolas, al igual que otras deficiencias señaladas por el informe.

«En el tema de la igualdad hay aspectos que dependen de nosotros y otros no», defiende Ángel Pazos, que explica que desde 2015 hasta ahora se han dado «pasos» para reducir este sesgo. Pone como ejemplo la configuración del equipo de Gobierno de la UC, del que forman parte seis hombres -el rector y cinco vicerrectores- y cuatro mujeres -tres vicerrectoras y la secretaria general-; y de las direcciones de área, en las que hoy en día «hay paridad absoluta -ocho y ocho-. Otra cosa es la configuración de los órganos electos, que luego repercuten en la formación de otros colectivos de representación. «Si en las elecciones a los claustros de las facultades, son elegidos todos decanos -así sucede en diez de once- o si las candidaturas están mayoritariamente encabezadas por varones, nosotros no podemos hacer nada, el voto es libre», indica el rector.

El rector defiende que se dan «pasos» para reducir el sesgo, «ya visibles» en el equipo de gobierno

El Tribunal de Cuentas traslada su análisis sobre la paridad al resto del personal de la UC. En este ámbito señala que «ha mejorado ligeramente» la paridad de género de los trabajadores respecto al anterior informe -que data de los años 2013 y 2014-, pero que sigue presentando «sesgos importantes» en favor del género masculino en el Personal Docente e Investigador -35% mujeres/65% hombres-, superior incluso a la media nacional. Una diferencia que crece en la categoría más importante del PDI, pues la Universidad tiene sólo un 12% de catedráticas frente al 21% estatal, mientras que en el cuerpo de profesores titulares la proporción es de 36%/64%.

Se alerta de que los precios públicos «no se fijan en función del coste real de la prestación del servicio»

El órgano supremo de fiscalización del sector público denuncia que de los concursos convocados durante el curso 2015/16 para cubrir 16 plazas en los cuerpos docentes, la composición de los tribunales no cumplió el porcentaje de paridad de género requerido en diez casos y en seis de ellos todos sus miembros fueron varones. «Hoy en día, estamos exigiendo ya la paridad en los tribunales, siempre que sea posible; y el pasado año aprobamos introducir en los criterios para asignar las plazas que, en caso de empate, se otorgue a una mujer», resume Pazos sobre las medidas puestas en marcha.

El informe indica a la Universidad el «riesgo» de no tener asegurados la totalidad de sus bienes

Mientras, en el Personal de Administración y Servicios (PAS) «sí existe una composición claramente mayoritaria del género femenino».

El Tribunal de Cuentas señala igualmente la «falta de implantación de una contabilidad analítica» en la Universidad, lo que provoca, por ejemplo, que los precios públicos «no se fijan en función del coste real de la prestación del servicio». El gerente de la UC, Enrique Alonso, indica que desde el año 2014 la Universidad tiene implantado el modelo de contabilidad analítica, si bien no se disponen de los primeros resultados hasta mayo de 2015. En cualquier caso considera que la información proveniente de estos informes «no puede ser utilizada» para el cálculo de los precios públicos ya que la aplicación de este modelo aprobado por la Intervención General de la Administración del Estado y el Ministerio de Educación «provoca un significativo deslizamiento de los costes hacia las actividades de investigación, lo que tiene una importante repercusión en los márgenes de cobertura de los costes de las distintas titulaciones», que, recuerda, en la UC son de los más baratos de España. Y manifiesta que el propio Ministerio «es consciente» de este problema en el modelo y de la «imposibilidad» de su implantación.

Entre otras cuestiones, el informe avisa de que no se justifican «suficientemente» algunos contratos -caso de los servicios de limpieza o del mantenimiento de las zonas verdes-; y que la UC no tiene asegurado el inmovilizado de su propiedad, existiendo «un riesgo de posible quebranto económico no cubierto adecuadamente».

 

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