La Universidad denuncia ante la Fiscalía a un administrativo por presunta falsedad documental

En la reunión del Patronato, celebrada ayer por la mañana, el rector de la UC y presidente de la Fundación, Ángel Pazos, y el director gerente de la misma, Luigi Dell'Olio, informaron a los patronos «de la detección de un comportamiento administrativo no ajustado a los procedimientos» de la institución. Según ha podido conocer El Diario Montañés, el implicado, que llevaba 15 años trabajando en la FLTQ, «falsificó entre diciembre de 2017 y enero de 2018 una serie de documentos», lo que ha originado «problemas de tipo administrativo que han perjudicado al normal funcionamiento» del organismo. Según la información trasladada a los patronos, se trata de «graves errores administrativos», aunque «no existen indicios de que se haya producido apropiación indebida ni malversación de fondos».

Aseveración que defiende Dell'Olio en primera persona. «No ha podido sacar provecho de estas falsificaciones», asegura. «Es sorprendente su comportamiento porque no son documentos que impliquen nada que pueda dar lugar a pensar que lo ha hecho con alguna intención de beneficio propio o de terceras personas, son documentos normales de tramitación que ha manipulado», explica. «Se trata de un error, grave, ante el que la Fundación y la Universidad hemos actuado de la mano, de forma contundente para que estos hechos, aislados, no manchen la imagen que ambas instituciones se han ganado a lo largo de todos estos años», refleja Dell'Olio.

En medio de un contexto marcado por la polémica del máster de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, y las supuestas irregularidades de la Universidad Rey Juan Carlos, que han «salpicado y puesto en duda» el trabajo del resto de instituciones académicas del país, tal y ha reconocido el propio Pazos, la Universidad de Cantabria defiende que las medidas en torno a este caso de la FLTQ se han tomado «de acuerdo con la línea de transparencia absoluta e intolerancia ante cualquier comportamiento que no se ajuste a las normas de funcionamiento de la institución».

La Fundación Leonardo Torres Quevedo señala que en cuanto se tuvieron conocimiento de los hechos, a principios de año, se abrió una investigación interna que derivó en la apertura de un expediente disciplinario que concluyó, el pasado 23 de marzo, con la rescisión de la relación laboral con el administrativo causante de estos hechos que, presuntamente, podría haber incurrido en falsedad documental.

Y ha esperado a la celebración de la reunión del Patronato, su máximo órgano de dirección, para tomar la decisión de si se ponían además los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si estos fueran constitutivos de delito. Una vez conocidos todos los detalles, los patronos no dudaron y decidieron ayer que fuera así.

«Lo primero que hicimos fue apartarle del servicio y ahora será el Ministerio Fiscal el que determine si los hechos requieren resoluciones de mayor calado», expresa Luigi Dell'Olio. El profesor italiano, que ocupa el cargo de director gerente de la FLTQ desde el pasado mes de diciembre, está «casi seguro» de que se trata de un «caso aislado» y concreta que la investigación interna no ha detectado «ningún otro» comportamiento irregular del empleado despedido, que acumulaba 15 años trabajando en la fundación, más allá de estas falsificaciones, que «son muy recientes».

El de la Fundación Torres Quevedo es el tercer caso de irregularidades detectado en la Universidad de Cantabria en el último año y medio. En enero de 2017, un miembro del Personal de Administración y Servicios del departamento de Derecho Privado fue sancionado con la apertura de un expediente disciplinario y suspendido de funciones, empleo y sueldo por los supuestos hechos delictivos cometidos entre 2011 y 2016, en concreto por desvío de fondos y falsedad documental.

Las conclusiones del expediente de información reservada revelaron que había «serios indicios» de que el acusado desvió a otras cuentas, en varios procesos, un total de 39.000 euros destinados al pago de distintos profesores invitados a impartir másteres. Eran cuentas relacionadas con títulos propios, no con las carreras oficiales, por lo que tienen una contabilidad específica. Según la información a la que pudo tener acceso este periódico, el trabajador se valió de que era la persona encargada de realizar la gestión administrativa de todos los fondos de los títulos propios vinculados al departamento de Derecho Privado para desviar dinero a cuentas que no correspondían a las personas que habían trabajado en los másteres. Este caso continúa siendo investigado hoy en día en vía judicial, donde se acomete el proceso de la instrucción de la causa.

Diez días después, la Universidad abrió un expediente disciplinario a un miembro del Personal Docente e Investigador (PDI) por una presunta «irregularidad administrativa». Este caso, «puntual», fue detectado como consecuencia de la investigación del primero, pero no estaba vinculado a la trama. El mismo se cerró con una falta y el profesor expedientado, que tenía un contrato de sustitución, finalizó su relación con la UC en el momento en el que regresó a su puesto la persona a quien cubría la baja.