La vista para ratificar el pacto del 'caso Obras Públicas' se celebrará el 28 de noviembre

Se trata del segundo señalamiento que realiza la Sección Tercera, después de que una de las partes informara al tribunal de la imposibilidad de comparecer el pasado 31 de octubre, la fecha que se había fijado inicialmente.

La presidenta del tribunal del jurado, la magistrada Almudena Congil, presidirá el viernes 28 el acto en el que la Fiscalía, el Gobierno de Cantabria como acusación particular y los investigados suscribirán el acuerdo al que llegaron tras la instrucción de la causa.

Este acuerdo evita la constitución de un jurado, que sería el tribunal encargado de enjuiciar a los investigados. Dado que estos han anunciado que van a reconocer los hechos y se van a conformar con las penas pedidas por las acusaciones, el juicio no se celebrará.

Como se recordará, el Ministerio Público tuvo que modificar al alza alguna de las penas pactadas inicialmente con los acusados al considerar la Audiencia Provincial que estaban por debajo de lo que correspondía. El nuevo acuerdo mantiene la condición de que solo el funcionario ingresará en prisión -está decidiendo a cuál va-, ya que a su esposa y a los cuatro constructores se les suspenderá la pena de cárcel en ejecución de sentencia, en el caso de los empresarios vía artículo 84 del Código Penal (para condenas superiores a los dos años).

Tal y como avanzó El Diario Montañés el pasado 9 de octubre, este cambio en el acuerdo inicial responde a una petición realizada por la presidenta del tribunal del jurado, la magistrada de la Sección Tercera Almudena Congil, encargada de juzgar este caso, que tenía una discrepancia jurídica con la Fiscalía sobre el criterio para calcular las penas. La magistrada entiende que el fiscal del caso, Jesús Alaña, había fijado el castigo por debajo de lo que debería.

El representante del Ministerio Público consideraba que el funcionario es autor de los delitos de fraude en la contratación y cohecho (también de blanqueo de capitales y falsedad documental), mientras que la participación de los cuatro empresarios era como cooperadores necesarios. Partiendo de esta base, Alaña entendía que el funcionario tenía que tener una pena superior al resto (no solo por ser autor de cuatro delitos), y así lo plasmó en el acuerdo que suscribieron las partes hace un mes.

Por el delito de fraude en la contratación, el fiscal estableció para el funcionario una pena de dos años de cárcel. En cambio, para los constructores la redujo a un año. En el caso del delito de cohecho, la pena para el exjefe de Carreteras era de dos años de cárcel y 6.000 euros de multa, y para los empresarios, de un año y 1.800 euros de multa. Es decir, al funcionario le pedía el doble de pena (cuatro años) por los mismos delitos que a los empresarios (dos años).

Sin embargo, la magistrada consideraba que a los cuatro empresarios también había que considerarlos autores de los delitos de cohecho y fraude en la contratación. Y así lo ha recogido el fiscal en su nuevo acuerdo, en el que añade al delito de cohecho el artículo 424 del Código Penal, que establece que «a quien ofrezca o entregue una dádiva o retribución a una autoridad o funcionario público para que este cometa un acto en el ejercicio de su función, se le impondrán las mismas penas de prisión y multa que al funcionario».

Según se recoge en el nuevo acuerdo, la pena del funcionario se mantiene en un total de siete años, después de subir tres meses el castigo por el delito de cohecho (se queda en dos años y tres meses) y bajar otros tres meses el de blanqueo de capitales en concurso medial con falsedad en documento mercantil (dos años y nueve meses). Por el delito de fraude se mantienen los dos años de cárcel. El fiscal tampoco modifica la multa de 963.227 euros y la inhabilitación especial para empleo o cargo público de nueve años y tres meses acordada con Diez.

El nuevo pacto no afecta a la esposa del funcionario, Beatriz del Río, que ha aceptado un año de cárcel y una multa de 478.513 euros por un delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil.

En cambio, los empresarios Elías Celis y Vidal Celis (Rucecan), José Luis Blanco Mazagatos (API Movilidad) y José Saiz Gómez (La Encina y Cannor) han visto como su pena pasa a los dos años y un mes y medio de cárcel. Por el delito de fraude el fiscal mantiene el año de cárcel que pedía inicialmente, pero sube el de cohecho a un año, un mes y quince días de prisión. Sin embargo, la inhabilitación especial para obtener subvenciones y ayudas públicas se les rebaja de los cuatro años (por los dos delitos) a los tres años y ocho meses.

Respecto a la responsabilidad civil derivada de las infracciones delictivas, el perjuicio total generado al Gobierno de Cantabria por el fraude en la contratación asciende a la cantidad de 1.623.257,14 euros (esta cantidad corresponde a las mordidas que recibió el funcionario), debiendo condenarse a los acusados al pago de dicha cantidad. Así, Diez tendrá que indemnizar con 749.648 euros; José Luis Blanco, con 110.500 euros; José Saiz Gómez, con 252.000 euros; y Vidal Celis y Elías Celis, con 255.554,57 euros cada uno.

La titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Santander, Mercedes Compostizo, ha sido la encargado de investigar la causa desde su inicio, el 18 de octubre de 2022, hasta que dictó el auto de apertura de juicio oral, el pasado 12 de septiembre.

La envergadura y complejidad de este procedimiento en sus casi tres años de instrucción se traduce en 56 tomos de trámite, 55 de anexos documentales y más de doce terabytes de material aportado en soporte informático.