Un juez reforzará el juzgado de Castro para que Acayro se dedique a los casos de corrupción

El juez Acayro en una imagen en los juzgados/
El juez Acayro en una imagen en los juzgados

El Poder Judicial adopta esta medida por los cuatro procesos abiertos por prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, que suman 56 imputados y una relevancia económica de 28 millones de euros

REDACCIÓN DMSantander

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, cuya titular es Luis Acayro, tendrá una juez de refuerzo para poder hacer frente a los procedimientos de corrupción que se investigan en esta instancia, cuya relevancia económica total se estima en 28,1 millones de euros.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial así lo ha acordado hoy, a propuesta de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC).

El objetivo de la medida de apoyo, que tendrá una duración de tres meses, es que el magistrado titular del Juzgado pueda dedicarse en exclusiva a la instrucción de cuatro procedimientos de gran complejidad y volumen incoados en 2008 y cuya relevancia económica total se estima en 28,1 millones de euros.

Los procedimientos que se pretenden agilizar se siguen por los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos y suman 56 imputados, incluidos varios responsables municipales actuales o pasados. Todos ellos están relacionados con él entorno de Santa catalina. Entre estos cuatro casos no se incluye el de La Loma, donde hay imputados 48 personas entre políticos, constructores y funcionarios municipales, debido a la que la fase de instrucción ya se ha dado por acabada y solo está pendiente de la apertura de juicios.

En nota de prensa, el CGPJ explica que la Comisión Permanente también ha acordado solicitar a la Dirección General de Justicia de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria el nombramiento de un funcionario del cuerpo de gestión procesal para que auxilie directamente al juez titular en la instrucción de esas causas. El objetivo es conseguir una investigación más rápida y eficaz.

Los procedimientos que se pretenden agilizar se siguen por los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos y suman 56 imputados, incluidos varios responsables municipales actuales o pasados.