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Víctor Echevarría (izquierda) y Antonio Alijo.
La Audiencia suspende el juicio a los alcaldes de Mioño y Lusa ante la posible retirada de los cargos

La Audiencia suspende el juicio a los alcaldes de Mioño y Lusa ante la posible retirada de los cargos

La UTE Dícido, que acusa en solitario a los alcaldes de cuatro delitos, negocia retirar la acusación si le devuelven el contrato de arrendamiento de unos terrenos para su explotación minera

consuelo de la peña

Martes, 26 de enero 2016, 12:46

Los exalcaldes pedáneos de las juntas vecinales de Mioño y Lusa, en Castro Urdiales, negocian a contrarreloj con la Unión Temporal de Empresas Dícido, integrada por el grupo Sadisa y Emilio Bolado, un acuerdo extrajudicial que les evite sentarse en el banquillo de los acusados. El juicio contra ambos pedáneos socialistas, Antonio Alijo Corcuera y Víctor Echevarría Sáez, iba a comenzar hoy, pero la sección tercera de la Audiencia ha atendido la petición de las partes en el proceso de suspenderlo a la vista de un probable acuerdo previo, que supondría la retirada de cargos y el archivo de la causa.

No obstante, el aplazamiento no es ilimitado. El tribunal les da de plazo hasta el próximo 2 de mayo para que presenten por escrito el resultado de las negociaciones extrajudiciales, tras lo cual decidirá de nuevo. La UTEDícido acusó a ambos imputados de los delitos de estafa, apropiación indebida, prevaricación y coacciones a raíz del contrato de arrendamiento de unos terrenos a la mercantil para su explotación minera, por los que pide penas que suman un total de 17 años de cárcel y 25 de inhabilitación para cargo público para Echevarría y Alijo. La UTE acusa en solicitario a los expedáneos, porque el Ministerio Fiscal considera que no se ha producido delito alguno y, por tanto, solicita su absolución.

Según la UTEDícido, el objetivo del contrato era el arrendamiento de unos terrenos de las juntas vecinales para explotar económicamente durante un máximo de 20 años los restos minerales existentes en esas fincas, situadas en suelo rústico de especial protección medioambiental y donde durante décadas existió una explotación minera. A cambio, además de la renta, las empresas debían acometer la restauración ambiental de los terrenos. De acuerdo con los letrados de Sadisa y Emilio Bolado, en base al contrato, firmado en 2010, los alcaldes de Mioño y Lusa idearon el modo de «estafar» a las empresas y apropiarse ilegítimamente de más de 1,2 millones, cantidades que ingresaron primero en las cuentas bancarias de las Juntas, y que «en cuestión de semanas» las hicieron desaparecer sin que se sepa con exactitud su destino, pues el medio usado para su distracción fue, según la acusación, la emisión y utilización «descontrolada» de numerosos cheques al portador.

Pero días antes del comienzo del juicio acusados y acusadores presentaron un escrito ante la Audiencia pidiendo tiempo para articular los términos de un acuerdo extrajudicial que se está redactando desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Castro. Según las líneas maestras del acuerdo, la UTEvolvería a ser titular del contrato que los pedáneos rescindieron a los ocho meses de iniciarse, y a cambio retirará las acciones judiciales.

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