El 'caso Sogiese' se cobra como primera víctima a la directora general de Economía

Inmaculada Valencia./
Inmaculada Valencia.

El Gobierno cesará hoy a Inmaculada Valencia después de que Ciudadanos impusiera su salida para apoyar el convenio de basuras con Guipúzcoa

ENRIQUE MUNÁRRIZSantander

El caso Sogiese se ha cobrado su primera víctima en el Gobierno regional. La directora general de Economía, Inmaculada Valencia, que ocupó ese mismo cargo durante la pasada legislatura del PP, presentó ayer su dimisión y hoy mismo será cesada. Los sobresueldos cobrados «indebidamente» en la empresa gestora de fondos europeos, que además no rebajó un 5% el salario de sus trabajadores, como obliga la ley a todos los organismos públicos, fueron detectados en una auditoría de la Intervención General adelantada por El Diario Montañés. Estas irregularidades financieras han acelerado la salida de Valencia, que ya había pedido volver a su antiguo puesto en Bruselas tras las elecciones autonómicas. Pero es ahora cuando el consejero de Economía, Juan José Sota, acepta su renuncia, después de que Ciudadanos impusiera la marcha de Valencia como condición indispensable para apoyar el convenio de basuras con Guipúzcoa el próximo lunes en el Parlamento.

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El portavoz de la formación naranja, Rubén Gómez, había pedido explícitamente en el pleno de esta semana el cese de la directora general de Economía y del gerente de Sogiese. Pero sólo encontró el respaldo de Podemos. Tanto PRC como PSOE y PP coincidieron en seguir el protocolo administrativo periodo de alegaciones y debate en el Consejo de Gobierno antes de tomar cualquier medida. Pero sólo dos días después todo ha cambiado y el ala socialista del Ejecutivo ha decidido sacrificar a Valencia a cambio de los dos votos de los diputados de Ciudadanos, un respaldo clave para dar luz verde al acuerdo para ingresar 9 millones de euros a cambio de traer 128.000 toneladas de vertidos de la diputación vecina durante el próximo año y medio.

«Tres leyes infringidas»

En un contundente informe, que incluye una dura reprimenda tanto a la Dirección General de Economía como a Sogiese por su «inexistente» colaboración en la investigación, el interventor cuantifica en 90.000 euros el dinero «abonado indebidamente» por la empresa pública a cinco de sus empleados, dos de ellos directivos, durante cuatro años entre 2012 y 2015, además del incumplimiento de tres leyes y la ausencia de informes que avalen otro incremento salarial, el del gerente, producido en el año 2009. El documento resuelve que estos trabajadores y a la entidad deben devolver los 90.000 euros a la Tesorería del Gobierno cántabro.

El consejero de Economía, Juan José Sota, defendió que esos salarios se pagan, en un 96%, con fondos europeos Feder, por lo que apenas afectan a las cuentas autonómicas. Sin embargo, Ciudadanos esgrimió el contrato del gerente de la empresa modificado un mes antes de las elecciones, en el que queda constancia de que su nómina de 63.000 euros puede ser cofinanciada por el fondo social europeo, una herramienta «incompatible» con los Feder, según Gómez, que acusó al responsable de Economía de mentir en el Parlamento.

El propio Sota fue el que pidió a la directora general que siguiera en su puesto, al carecer de un sustituto, cuando presentó su dimisión y su deseo de incorporarse a su plaza como responsable de la oficina de Cantabria en Bruselas el pasado 13 de julio. Entonces, Valencia adquirió el compromiso de permanecer unos meses más para ejecutar completamente el Programa Operativo de los Fondos Feder 2007-2013 sin incidencias por entonces estaban pendientes de justificar cerca de 30 millones de euros y evitar el bloqueo de ingresos por parte de la Comisión Europea.

El compromiso de Valencia venció hace un par de semanas. Sota y el jefe adjunto de la Unidad de España de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Jordi Torrebadella, confirmaron que Cantabria va a ejecutar todos los fondos del programa 2007-2014, que se cerrará definitivamente en marzo de 2017, lo que le salva del bloqueo de fondos a diferencia de Madrid, Cataluña, Melilla, Andalucía y Castilla y León.

Aunque el objetivo de Valencia era esperar un par de meses antes de incorporarse a su plaza en Bruselas hasta que solucionase la polémica desatada en el Parlamento por el caso Sogiese, la decisión se ha acelerado de forma inminente ante la presión de Ciudadanos. Fuentes de la Consejería destacaron que Valencia se va con el «deber cumplido» y con la intención de seguir colaborando desde Bruselas para que «las cosas vayan cada vez mejor».

Tanto Sota como la ya exdirectora se han propuesto hacer una transición sosegada con su sucesora, que será nombrada hoy mismo. Durante las próximas semanas, aprovechando que hay varias acciones ya programadas, trabajarán «codo con codo», según fuentes del Ejecutivo, que destacan su labor durante los últimos cinco años. La ya exdirectora general presentó ayer su escrito de renuncia después de reunirse el día antes con Sota y posteriormente se lo comunicó a sus colaboradores más cercanos, a quien agradeció «su esfuerzo y trabajo desde 2012». La noticia sorprendió dentro los muros del edificio Macho, sede de Economía, en donde existe «malestar por las continuas filtraciones de dcumentos internos», según reconocen desde el entorno del propio consejero socialista.

Los salarios más altos

Sogiese, participada en un cien por cien por el Gobierno autonómico, fue noticia a finales del año pasado cuando se hizo público que pagaba los salarios más altos del entramado público cántabro. La Sociedad Interreg Espacio Sudoeste Europeo su nombre completo retribuye con un sueldo medio anual de 44.000 euros a sus diez empleados, frente a un promedio en el conjunto del sector público regional de casi 31.000 euros anuales.

La explicación llegó después, cuando se descubrió que no sólo sobrepagó con 90.000 euros a cinco de sus empleados por encima de lo permitido por la ley entre 2012 y 2015 e incumplió la normativa que obligaba a reducir un 5% su masa salarial, sino que además existen indicios de que recibió una «sobrefinanciación» del Ejecutivo regional en 2014. La auditoría detectó varias irregularidades en el acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de febrero de hace dos años. En aquella reunión del gabinete del entonces presidente Ignacio Diego, se autorizó una inyección de 225.000 euros a favor de Sogiese, una aportación dirigida a la financiación global de su actividad en el ejercicio 2014.

 

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