Cantabria celebra el nuevo plan nacional para el automóvil pero pide proteger la industria de la UE

Desde Cantabria, donde la industria de componentes del automóvil atesora un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) del sector secundario regional, el recorrido ha sido recibido de forma satisfactoria, especialmente porque parte de un consenso con los fabricantes y los clústeres territoriales. Aun así, aterrizando medidas y consecuencias, sí que emergen dudas no sólo por la financiación, sino por la necesidad de proteger los modelos europeos frente a la feroz competencia asiática y, en paralelo, no caer en restricciones tecnológicas siempre que las diferentes fórmulas disponibles en el mercado faciliten la reducción de emisiones.

El Plan Auto 2030, la estrategia maestra del sector del automóvil compuesta por 25 medidas con las que la industria afrontará la «completa transformación» hacia el coche eléctrico manteniendo sus niveles de empleo y aumentando de 85.000 a 120.000 millones el valor de la cadena de cara a 2030, es bien recibida por las compañías de la región. Desde el Clúster GIRA, que agrupa a las factorías de automoción de Cantabria, su gerente, Celia Monsalve, opina que es «muy positivo que se haya hecho ese esfuerzo de contar con los fabricantes y los clústeres, además de haberlo presentado ya públicamente. Ahora lo que hace falta es que no se quede sobre el papel, que se baje a tierra. Para aterrizarlo a la realidad se necesitan ayudas de apoyo a la industria y los consumidores. Acciones específicas y concretas y que estén detrás de un presupuesto que las apoye», sostiene, para agregar precisamente sus temores respecto a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y el potencial perjuicio para el desarrollo del Plan.

En el último extremo de la cadena regional, Natalia de los Arcos, presidenta de la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria (Asecove), que asegura que «todo lo que ayude al mercado, bienvenido sea. El presupuesto anual es de 400 millones de euros para la venta de vehículos eléctricos; hay 300 millones para puntos de recarga; y una novedad importante es que hay una voluntad del Gobierno para establecer un sistema de gestión de ayudas centralizado. Ahora, tras los grandes titulares, nos faltan detalles de los plazos, la cuantía y el sistema de gestión», detalle.

En cualquier caso, de cara al consumidor lo más relevante es que la ayuda se recibirá en el momento de la compra, evitando esperas como las que se producían con el Plan Moves, que podían extenderse hasta casi año y medio.

Desde SEG Automotive, que tiene en Treto una planta que ha apostado fuertemente por la electrónica en los vehículos, valoran positivamente que el plan vaya de la mano de los fabricantes. Ahora bien, «en la línea de lo expresado estos días por el Gobierno de Francia, creemos que en Europa se necesitan políticas que impulsen la electrificación del automóvil pero protegiendo a los productores y proveedores europeos. Las ayudas directas para la compra de coches electrificados deberían acotarse a marcas europeas para frenar la abrumadora entrada china en nuestro mercado. Con el planteamiento actual, las ventas irán para marcas que no son europeas y eso ayuda poco a la industria del continente».

Al igual que SEG, Teknia, con fábricas en Ampuero, precisa que «echamos en falta un enfoque más equilibrado y de neutralidad tecnológica que integre a todos los tipos de motorización más eficientes». Como complemento, «también nos gustaría que se fomente la renovación del parque móvil mediante incentivos y ajustes fiscales como la reducción del impuesto de matriculación» ya que, a su juicio, «las previsiones de adopción del vehículo eléctrico en España nos parecen excesivamente optimistas si no se acompañan de medidas que aporten más certidumbre».