El Gobierno se queda por dos euros con las patentes de la fracasada tecnológica Idermar

Una de las boyas marinas propiedad de Idermar, saliendo del muelle de Gamazo, en Santander. /
Una de las boyas marinas propiedad de Idermar, saliendo del muelle de Gamazo, en Santander.

Sodercán rescata el único activo de valor de la firma público-privada dedicada a la energía renovable marina que entró en concurso en 2016

Jesús Lastra
JESÚS LASTRASantander

Era una de las referencias del I+D+i de Cantabria. Una tecnológica puntera alumbrada al calor de las oportunidades vinculadas al concurso eólico promovido por el Gobierno autonómico y que finalmente fue anulado por los tribunales. Idermar (Investigación y Desarrollo de Energías Renovables Marinas SL) pasó de ser objeto de admiración por sus mástiles meteorológicos a declarar concurso de acreedores en julio de 2016. El pasivo principal, los millones destinados desde el sector público, tanto por el Ejecutivo regional como desde el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía y Competitividad. Ahora, la sociedad, en liquidación, firma su defunción definitiva después de que la Administración PRC-PSOE, la misma que se sumó a la actuación en 2009, se haya quedado con las patentes del proyecto tras haber pagado dos euros, a euro por licencia. Con ese paso sólo queda la disolución de la mercantil.

Idermar siempre fue una entidad especial. El accionariado estaba dominado por Actium, la sociedad de inversiones del Grupo Apia XXI, que con un porcentaje de un 40% llevó desde el comienzo la gestión del proyecto. Junto a ella, con un 20% cada uno de ellos, figuran la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercán), el Instituto de Hidráulica (IH) de la Universidad de Cantabria y Helium, una compañía participada por la cántabra Oxital.

Entre sus particularidades destacaban la ausencia de personal y de estructura, en una sociedad público-privada cuyo objeto giraba en torno a impulsar la investigación: sus trabajadores eran los técnicos y científicos de Apia y del IH, mientras que su actividad, la construcción e instalación de los mástiles meteorológicos, se subcontrataba a otras empresas de la región.

Ha sido Sodercán quien se ha quedado finalmente con las dos patentes disponibles -en un principio eran tres pero una dejó de estar en vigor- conforme a lo estipulado en el plan de liquidación, asumiendo los gastos e impuestos derivados. El precio de un euro por certificación no es más que una vía simbólica para que el Gobierno regional no tenga que pagar de nuevo por algo en lo que ya invirtió millones de euros. Según explican desde la Administración PRC-PSOE, una entidad como Sodercán tiene en marcha diversos proyectos de I+D donde estas patentes pueden encajar y ser útiles. Es, en cierto modo, una forma de rescatar un activo para la Comunidad dentro del fracaso de la aventura tecnológica. Sodercán, de hecho, es acreedora.

Dinero público perdido

Según avanzó este periódico tras la declaración de insolvencia, un proceso adscrito al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander, la clave de la entrada en concurso reposaba en la falta de disponibilidades financieras de Idermar para hacer frente a las devoluciones de los créditos concedidos por las administraciones públicas, entre ellas la propia Sodercán y el CDTI.

La caída de la tecnológica también tuvo su espacio en el debate político. Un informe sobre Sodercán realizado en 2011 por la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria llamó la atención sobre el método de financiación. De acuerdo al documento, Sodercán realizó transacciones económicas a favor de Idermar por valor de 4,3 millones de euros. La Intervención sostenía que la sociedad público-privada fue una compañía «puente» que se ha «destinado al pago del proyecto desarrollado por Apia XXI de una plataforma marina».

Más allá de los préstamos y avales desde el Gobierno autonómico -3,39 millones y 879.000 euros para el periodo 2009-2011, respectivamente-, Idermar recibió otra subvención del CDTI por 1,97 millones. Intervención igualmente señaló que el proyecto fue «sobrefinanciado», aportando Sodercán el 40% del dinero cuando su participación en la compañía es del 20%. Investigación y Desarrollo de Energías Renovables Marinas SL estuvo presidida por Salvador Blanco, consejero delegado de Sodercán en dos etapas y que fue reemplazado en el cargo a mitad de la presente legislatura.

El consejero de Industria, Francisco Martín, aseguró tras conocerse la entrada en concurso que Idermar «cumplió su misión maravillosamente», y responsabilizó al anterior Gobierno del PP de su «desaparición» por la «falta de apoyo» y cuatro años de «inacción» en el ámbito de la I+D+i, en lo que consideró una decisión política «desacertada». De hecho, Martín ha mantenido este discurso hasta la actualidad.

Ya en su momento el titular regional de Industria explicó que se había estado buscando un socio inversor en los últimos meses, porque «hay una serie de patentes y valor añadido que podría ser de utilidad, pero realmente las perspectivas no son buenas, por eso se plantea el inicio del proceso de liquidación», en el que «todas las empresas que invirtieron consolidarán sus pérdidas.

Oxital, por ejemplo, lanzó un comunicado público asegurando que no obtuvo beneficio alguno de su participación en la sociedad público-privada. Por el contrario, admitió que acumulaba una pérdida patrimonial de un millón de euros a través de Helium, la firma con la que entró en la aventura tecnológica.

Dos años después se da carpetazo a la historia de la energía renovable marina. Por el camino, millones de euros públicos perdidos y unas patentes que se podrán emplear en otras apuestas de I+D+i.

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