El juez se declara incompetente para resolver los despidos pactados en Solvay

El plan para digerir el excedente laboral en Solvay tendrá que ser validado por los tribunales. /Luis Palomeque
El plan para digerir el excedente laboral en Solvay tendrá que ser validado por los tribunales. / Luis Palomeque

El juzgado de lo Social elevará el caso a la Sala para que ésta decida sobre la legalidad del proceso tras el cierre de la planta de cloro

Jesús Lastra
JESÚS LASTRASantander

El Juzgado de lo Social nº 3 de Santander se ha declarado incompetente para analizar la demanda interpuesta por el sindicato USO contra el plan pactado entre Solvay, UGT y CC OO para dar un máximo de 52 bajas entre 2018 y 2019 con motivo del cierre de la planta de cloro que la química belga explotaba en su complejo de Barreda, y que ha llevado a que la corporación portuguesa CUF esté construyendo una instalación similar que sí cumpla con la normativa ambiental europea. El magistrado Pablo Rueda ha decidido elevar el caso a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para que sea ésta la que dirima si el planteamiento para digerir el excedente de personal se trata de un despido colectivo, como defiende USO, lo que supondría el pago de cerca de tres millones a las arcas públicas por las cotizaciones sociales de los trabajadores afectados.

El auto, fechado el pasado 16 de mayo y que aún no es firme, entronca con el escrito planteado por UGT sobre la incompetencia del juzgado para despachar el procedimiento, un argumentario al que se sumaron tanto el Ministerio Fiscal como la propia CC OO. Ambos sindicatos fueron los que firmaron el plan social en los términos que ahora se pretenden discutir en el TSJC.

EL DATO

52
salidas fue el tope acordado para digerir el excedente laboral tras el cierre de la planta de cloro.

Como se recoge en la resolución judicial, USO defiende que el escenario pactado el 24 de enero constituye un «fraude de ley porque encubre un despido colectivo con vulneración del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores», de manera que el procedimiento adecuado para la negociación de las 52 bajas previstas era el estipulado para los despidos colectivos.

Precisamente USO ha alertado de que Solvay anunció días atrás la paralización de las salidas recogidas en el plan, aunque no se han detallado las causas. En todo caso, el sindicato relaciona esta postura con su demanda ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander y el riesgo de incurrir objetivamente en el mencionado caso de conflicto colectivo. Según la propia organización, hasta mayo se produjeron 22 bajas, todas ellas tramitadas de forma individual. Para USO, «hay que ser coherente con las posiciones de defensa del sistema público de pensiones. No se puede estar convocando manifestaciones de pensionistas cada semana y los mismos sindicatos convocantes (UGT y CC OO) firmar a hurtadillas, en un claro fraude de Ley, el ahorro de tres millones para una multinacional y que deben de ser abonados a las arcas públicas».

No obstante, consultada por este periódico, Solvay precisa que «no se ha paralizado nada», sino que el ritmo de salidas lo marca el propio complejo cántabro a medida que se van introduciendo procesos de optimización de la producción. «El plan social consistía en la recolocación de toda la plantilla de la planta de cloro afectada por el cierre. Eso se ha llevado ya a cabo, salvo algún empleado que se ha incorporado a CUF. Para digerir ese excedente se firmó con el comité una propuesta para dar hasta un máximo de 52 bajas, pero el ritmo de salidas depende de nuestras necesidades», dicen.

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