USO pide que el Parlamento regional se involucre en el futuro de Solvay

Solvay trabaja en su migración energética en Barreda./Luis Palomeque
Solvay trabaja en su migración energética en Barreda. / Luis Palomeque

El sindicato propone la elaboración de un memorando que recoja los compromisos de la compañía y las ayudas de la Administración

Jesús Lastra
JESÚS LASTRASantander

El futuro de Solvay en Torrelavega sigue dando que hablar. El sindicato USO, «tras el reconocimiento de la química belga de que la transición energética, con un coste aproximado de 150 millones de euros, es una cuestión de supervivencia para la planta de carbonato» de Barreda, considera «urgente la toma de medidas que eviten lo que puede ser el golpe de gracia a la economía y el empleo en la comarca del Besaya».

La organización se pronunció así en un comunicado de prensa tras las declaraciones del consejero de Industria, Francisco Martín, acerca de que debe ser el Gobierno de España quien pueda aportar un mayor respaldo, especialmente económico, en ese proceso de abandono progresivo del carbón. Según el sindicato, «las evasivas del Gobierno de Cantabria por boca de Francisco Martín traspasando la responsabilidad al Ejecutivo central requieren de una actuación impulsada por el Parlamento autonómico para recuperar el tiempo perdido». Por tanto, «es imprescindible anticiparse a la política de hechos consumados tan conocidas en nuestra región y muy en particular en Solvay».

Según USO, para abordar el caso con tiempo y afrontar la inversión con garantía de éxito se debe proponer «la constitución de una Mesa de Trabajo que elabore un memorándum para consensuar un plan de inversiones y de reindustrialización, afrontando la transición energética como cuestión central para la supervivencia de la planta de carbonato de Solvay en Torrelavega».

Se busca replicar el modelo seguido para blindar a una planta de Solvay en Italia

La organización sindical pretende calcar el modelo empleado en la planta que el grupo belga posee en la localidad italiana de Rosignano, «abocada al cierre». Allí se rubricó un documento en el que se involucraron las administraciones del país que recogía una inversión de 223 millones, de los que 108 provienen del erario público, en un calendario de abonos hasta 2026.

Con ese precedente, USO defiende que «en la Mesa de Trabajo debe estar representada la empresa Solvay Química, sindicatos con presencia en la planta, el Gobierno de Cantabria, una comisión del Parlamento y representantes de las corporaciones locales afectadas».

Compromisos concretos

En la misma línea, se sugiere «que el memorándum de inversiones y reindustrialización contemple compromisos concretos», al menos sobre materias como el nivel de producciones futuras de carbonato y derivados; nuevas líneas de fabricación de productos de alto valor añadido (ligadas al sector de la automoción donde Solvay y Cantabria tienen un peso específico importante); compromiso de nivel de empleo propio y de contratas, con garantía de estabilidad del personal de las contratas estructurales mediante la subrogación; y, por último, un acuerdo de inversiones necesarias con recursos propios de Solvay así como las ayudas de las diversas administraciones públicas.

A este respecto, USO incide en que el respaldo de la Administración a la factoría cántabra debe ir orientado «a la permanencia de los volúmenes de las producciones en Torrelavega, a la transición energética y a la diversificación de nuevas líneas de producción que garanticen la actividad industrial y un volumen aceptable de empleo para los próximos 25-30 años».

El sindicato «cree firmemente que el Grupo Solvay tiene una deuda histórica con la centenaria planta de Torrelavega y con Cantabria, que durante más de 100 años ha facilitado los recursos naturales, como la salmuera y la piedra caliza. También esta región ha soportado emisiones de vertidos sólidos y atmosféricos. Todo ello ha facilitado al Grupo generar importantísimos beneficios económicos. Es por ello que en este momento el sindicato USO reclama del Grupo Solvay las inversiones necesarias con fondos propios, y de las administraciones públicas las ayudas legales requeridas para garantizar la actividad industrial y el empleo en Torrelavega y Cantabria».

Los responsables del complejo cántabro pretenden llevar en breve al Grupo a Bruselas una primera propuesta de inversión para el plan.

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