Los planes antifraude para recibir fondos europeos pillan a contrapié a los municipios

Esas órdenes, ademas de mecanismos de seguimiento y control del gasto, incluían diversos planes antifraude para garantizar que el 'maná' europeo se gastaba en lo que efectivamente estaba previsto. Más todavía, Hacienda otorgaba un plazo de 90 días para la puesta en marcha, por lo que todas aquellas instituciones que optan a los fondos deberían acreditar antes de final de año que habían hecho los deberes con anterioridad.

La cuestión es que estas directrices suponen, en especial en el ámbito municipal, un esfuerzo en cuanto a carga de trabajo y de gestión para el personal, sin olvidar las implicaciones de integración informática. La consulta llevada a cabo por El Diario evidencia que los ayuntamientos de Cantabria no parecen estar preparados para este desafío, toda vez que muchos de ellos desconocen estos condicionantes e, incluso, los de mayor tamaño simplemente se refieren al asunto de forma vaga o muy genérica.

La ignorancia respecto al tema la encarna la propia Federación de Municipios de Cantabria (FMC). Su presidente, Pablo Diestro, a la par alcalde de Reocín, admite que «ni idea. Fondos directos llegan pocos, porque casi todo lo estamos haciendo a través del Estado o la Comunidad. La Federación está integrada en el comité de evaluación de sostenibilidad turística, pero como uno más. Quien decide es Madrid», anota.

Así las cosas, los ayuntamientos de mayor dimensión esgrimen de forma genérica sus intenciones, a pesar de que las semanas van transcurriendo. En el caso de Santander, el Consistorio señala que «para cumplir estrictamente el articulado de las órdenes vamos a plantear de manera inminente un plan marco antifraude que englobe todas aquellas actuaciones en materia de fondos europeos que se planteen. A partir de ahí se irán haciendo planes individuales en cada una de las actuaciones. Con carácter general se optará por esta vía para el conjunto de actuaciones de fondos europeos».

Desde Torrelavega, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, subraya que «venimos aplicando planes de control. Otra cosa es que estas convocatorias europeas pidan algo más». ¿Mecanismo antifraude tiene la Casona? «Son medidas posteriores. Estas partidas europeas llevan un protocolo de autorizaciones que sí que tenemos montado. Tenemos una asesoría externa que nos acompaña. Si no, resultaba imposible».

En Camargo, el edil de Desarrollo Local, Eugenio Gómez, precisa que es un trabajo «transversal» que coordina su Concejalía. «Los requisitos que vienen marcados en las convocatorias europeas y la justificación de sus cumplimientos siempre son más complejos, pero ya hemos trabajado anteriormente llevando a cabo proyectos financiados con fondos comunitarios y no supone mucha diferencia. De todas maneras, contamos también con el asesoramiento de una consultora especializada (que también ha colaborado con nosotros en otras iniciativas ligadas a la Red impulso) que nos puede ayudar a ajustar los proyectos a los requisitos fijados en las convocatorias».

A partir de ahí, muchas más dudas. Santa Cruz de Bezana no baraja la posibilidad de crear estos planes «de momento». Precisa que las subvenciones que se han gestionado desde la Administración local se han centrado exclusivamente en obras. Piélagos, por ejemplo, «está estudiando» incluso crear una oficina antifraude en el municipio.

Suances, Santoña, Cayón, San Vicente de la Barquera, Los Corrales de Buelna, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo... Todos ellos ni siquiera saben sobre lo que se les pregunta cuando se les cuestiona sobre estas órdenes ministeriales, en la línea de la propia Federación de Municipios autonómica.

La complejidad del asunto la detalla David Cantarero, profesor titular de Economía de la Universidad de Cantabria. «Las Ordenes efectuadas desde el Ministerio de Hacienda y los requisitos para que las administraciones puedan llegar a los esperados fondos europeos previsiblemente supondrán cargas adicionales de trabajo para por ejemplo las de tipo local dados cuatro tipo de problemas: infrafinanciación agravada ahora recientemente por la falta de recursos desde las Administraciones central y regional o la recaudación aún por venir del propio nuevo impuesto de plusvalía y resto de tributos y tasas locales; la necesidad de una mejor orientación en financiación europea; la falta de personal especializado en la gestión de proyectos europeos en muchas entidades locales; y el desafío de gastar cantidades muy elevadas de recursos a tiempo suficiente y con eficiencia».

«La justificación de las exigencias en base al 'Plan Antifraude' (en base a los cuatro elementos clave de dicho 'ciclo antifraude': prevención, detección, corrección y persecución) y sistemas de control antes de finalizar el año a efectos de ser parte de los fondos europeos supone una reforma exprés en nuestra propia Administración», remacha.