Comienza el primer gran juicio penal por preferentes, con la CAM

Acusados por apropiación indebida y administración desleal por el cobro de 600.000 euros en dietas cobradas por el presidente y varios consejeros de la CAM. /EFE
Acusados por apropiación indebida y administración desleal por el cobro de 600.000 euros en dietas cobradas por el presidente y varios consejeros de la CAM. / EFE

López Abad y Amorós, ex directores generales y ya condenados por falsear las cuentas de la caja, están acusados de estafa y se enfrentan a 10 años

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El primer gran juicio penal por la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada, dos productos de alto riesgo a los que bastantes entidades financieras recurrieron para financiarse años atrás, comienza este miércoles en la Audiencia Nacional. En el banquillo se sientan dos ex directores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad y Dolores Amorós, acusados de un delito de estafa en concurrencia con otro relativo al mercado y los consumidores. Cada uno se enfrenta en total a 10 años de cárcel.

No sería, llegado el caso, su primera condena. En octubre ya fueron sentenciados a tres años de prisión por falsear las cuentas de la entidad -junto a otros dos antiguos directivos también condenados-, de forma que en el primer trimestre de 2011 hicieron reflejar un supuesto beneficio de 39,7 millones de euros que, en realidad, eran unas pérdidas por valor de 1.163,4 millones. El fallo, no obstante, ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo. En 2016 sí se libraron de ser juzgados por la colocación de cuotas participativas en 2008 dado que los resultados de la CAM no estaban manipulados en esa época.

Entonces no acusaba la Fiscalía, al igual que tampoco lo hace en el proceso de las preferentes. Su argumento es que, lejos de haber engaño a los clientes, «un buen número» de ellos «disfrutó de la alta rentabilidad del producto durante años». Además, ya fueron compensados por el Banco Sabadell -dueño de los activos de la CAM, aunque solo pagó por ellos un simbólico euro debido a los pasivos implicados en la operación- mediante el canje por títulos suyos, intereses incluidos, y asimismo entiende que la información que se les facilitó en su día mediante folletos y trípticos «era correcta». Por eso, cree que «no existe en la actualidad nadie que pueda considerarse con derecho a ser indemnizado».

Todo lo contrario piensan desde la asociación Adicae y un grupo de inversores, que ejercen la acusación y reclaman 11 millones de indemnización aunque en la instrucción no se concretó el importe de la estafa. Recuerdan que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apreció «una serie de irregularidades en su comercialización» y también «deficiencias relevantes» en la información entregada a los clientes –según un informe que el regulador presentó en febrero de 2012-, argumento usado por la juez Carmen Lamela para abrir juicio oral en enero.

1.610 millones en emisiones

Lo que está en tela de juicio son tres emisiones de preferentes realizadas en los años 2001, 2002 y 2009 por la caja por una suma total de 1.310 millones de euros, junto a otro lanzamiento de deuda subordinada valorado en 300 millones. Pese a las recomendaciones contrarias de la CNMV, prácticamente todas ellas se dirigieron al tramo minorista y las suscribieron unos 75.000 clientes. La parte más polémica se refiere a un tramo de 76,3 millones colocado a 5.540 clientes. Además de López Abad y Amorós también se sentarán en el banquillo, como responsables civiles, la aseguradora Caser, la Fundación Caja Mediterráneo y el propio Sabadell.

El último precedente judicial, no obstante, juega a favor de los acusados. A mediados de mayo el también juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu -el mismo del 'caso Bankia'- archivó la causa general por las preferentes de Caja Madrid. Lo hizo siguiendo el criterio de la Fiscalía, al considerar que no había «quedado acreditado» que se hubieran emitido «al objeto de engañar a los inversores de forma global, a sabiendas de que no iban a recuperar» su capital inicial.

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