Solvay ve vital que la Administración costee parte de su inversión energética en Barreda

La compañía volvió a poner el martes sobre la mesa la importancia de este proyecto, estratégico para mantener los niveles actuales de producción de carbonato, durante la reunión trimestral mantenida con el comité de empresa. En la misma se hizo un repaso al desempeño de la división de sosa a nivel global, unos resultados que arrojaron la reducción de cuota de mercado por cerca de 80.000 toneladas, lo que equivale a una pérdida que oscila entre los 30 y los 35 millones.

En la información transmitida a los sindicatos, que hoy igualmente se trasladará a toda la plantilla, también se hizo hincapié en que el 50% de las emisiones de Solvay a nivel mundial corresponden a la producción de carbonato, por lo que es un asunto imprescindible e inaplazable el de implantar tecnologías que rebajen esos niveles de contaminación. Una cuestión de supervivencia, en definitiva, tal y como se manifestó a los representantes de la plantilla.

En ese sentido, se puso sobre la mesa el respaldo público que el Grupo ha obtenido en otros territorios. Por ejemplo, en la localidad italiana de Rosignano se rubricó en 2017 un memorando que contempla la inversión de 223 millones, de los que 108 provienen de las administraciones públicas en un calendario de abonos hasta 2026. En Alemania, en cambio, se ha logrado que el Gobierno corra con una parte del gasto próxima al 30%, según fuentes conocedoras del proceso.

Cuestionada por este periódico, Solvay no esconde que la transición energética es un proyecto «crítico» en los próximos años y que la intención es ir sustituyendo tecnologías de forma progresiva. En este contexto, la firma admite que se está en contacto con las administraciones públicas, en particular con el Ministerio de Energía, en pos de una ayuda que «se corresponda» con la importancia que tiene Solvay en España.

La empresa va más allá y subraya que lo que se está solicitando no es ni más ni menos que un respaldo similar al de otros países. El Ministerio está «analizando» las diversas propuestas presentadas y, en opinión de la corporación, se ha mostrado «muy interesado» en el proyecto ante la sensibilización actual en torno a la reducción de emisiones. Eso sí, el departamento que pilota Álvaro Nadal está estudiando la disponibilidad presupuestaria.

Tanto Solvay como los sindicatos son conscientes de la relevancia de esta iniciativa para el futuro del complejo de Barreda, en especial para que la Dirección del Grupo en Bruselas apruebe el plan para la citada transición. Según fuentes conocedoras de la reunión, la empresa llegó incluso a deslizar que no hay garantías de que este órgano dé luz verde a los fondos sin que la Administración participe en parte de la financiación.

Las mismas fuentes detallan que de momento la principal solución ofrecida desde Madrid ha sido la concesión de un crédito blando, algo que Solvay considera que no se ajusta al calado del plan. En paralelo, se ha planteado la prórroga de la vida útil de la cogeneración, cuyo final está programado para 2023, aunque el Ministerio ya habría avanzado que no podrá fijar una posición al respecto hasta finales de 2019, unos plazos que pueden ser excesivos para los intereses de la corporación.

En principio, está previsto que en junio o julio la Dirección cántabra traslade a Bruselas su primera propuesta para abordar el abandono del carbón. De momento, se ha llamado a los sindicatos a cerrar filas y poder hacer fuerza conjunta para obtener la aquiescencia estatal.

¿Qué alternativas se manejan? Hay diferentes actuaciones sobre la mesa, desde apostar por la biomasa hasta estudiar las ventajas de los residuos sólidos urbanos.

El propio director general de Solvay, Jorge Oliveira, ya avanzó el pasado viernes durante una jornada organizada en Santander por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) la relevancia que tiene el tema energético para la fábrica torrelaveguense. A este respecto, además de admitir que la firma trabaja en ello con especial diligencia, informó de que está en contacto con el consejero de Industria, Francisco Martín, para ver qué soluciones se pueden adoptar.

En todo caso, parece que los esfuerzos están puestos en Madrid, especialmente por la escasa disponibilidad presupuestaria de las arcas autonómicas.