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Un cartero, durante su jornada laboral.
La administración pública ha destruido 155.841 empleos con la crisis desde 2010

La administración pública ha destruido 155.841 empleos con la crisis desde 2010

Los contratos de menos de seis meses se duplicaron en el sector público en 2015

Amparo Estrada

Viernes, 15 de enero 2016, 13:44

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Las administraciones públicas han perdido 155.841 trabajadores desde enero de 2010, cuando se empezó a destruir empleo en este sector, según los datos del Registro Central de Personal. Eso supone una pérdida de 78 puestos de trabajo al día. Destacan los descensos registrados en el colectivo de profesores (-22.366), profesionales de la sanidad (-9.355), Fuerzas Armadas (-12.257) o Correos (-11.385). Cada día se han perdido 11 profesores, 5 sanitarios, 6 militares y 6 carteros. Además han disminuido en 3.224 los efectivos de la Seguridad Social y en 1.351 los de la Agencia Tributaria.

Por administraciones, el Estado ha reducido su personal en 60.235 personas, un 10% de la plantilla de 2010; las comunidades autónomas han perdido 63.673 efectivos, un 4,7% del total; y los ayuntamientos han reducido en 81.228 el número de empleados, un 12,3% menos. Por el contrario, las universidades han incrementado en 49.295 el personal, un 49% más.

El presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, destacó como principales problemas del empleo público la escasez de plantillas, el envejecimiento de las mismas y la temporalidad. En la Administración General del Estado, en 2010 el 44% de la plantilla tenía más de 50 años y en la actualidad ese porcentaje se ha elevado al 60%. Cerca de 120.000 personas se jubilarán en los próximos 15 años. De ellos, 26.000 tienen más de 60 años -edad a la que pueden jubilarse los funcionarios- por lo que podrán dejar de trabajar de manera inminente.

La temporalidad también se ha agudizado. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de temporalidad se ha disparado hasta el 22%, con 658.000 trabajadores temporales, cuando hace dos años y medio esa cifra se situaba en 559.000. Además, el personal con contrato con duración inferior a seis meses en los ministerios y agencias estatales se ha duplicado en los últimos seis meses, pasando de 805 a 1.860.

Por comunidades autónomas, la destrucción de empleo ha sido generalizada. En números absolutos, las mayores reducciones se han producido en Madrid (-37.205), Andalucía (-35.736) y Castilla-La Mancha (-21.542).

El año pasado, el sector de la Administración Pública se quedó fuera de la creación de empleo, con 13.162 puestos de trabajo perdidos según los datos de afiliación a la Seguridad Social.

Miguel Borra reclamó a los partidos políticos un Pacto de Estado para las Administraciones Públicas,vpara lo que comenzará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Para ese pacto reclama un Plan urgente de recursos humanos, que determine las necesidades de las plantillas y la recuperación del poder adquisitivo y las condiciones laborales perdidas.

CSIF también denuncia la tendencia que siguen las comunidades autónomas de dar de baja en la Seguridad Social a miles de profesores en verano para ahorrarse las cotizaciones sociales. "Creemos que existe cierto fraude ahí", señalaron. Durante los meses de junio, julio y agosto se dan de baja de manera estacional cerca de 200.000 empleos en educación, esas personas luego se incorporan con contratos por días o incluso por horas. A su vez, las fluctuaciones en el personal interino en sanidad provocan un déficit de personal de en torno a los 54.000 profesionales en los meses de invierno, cuando se producen colapsos en las urgencias, señala el sindicato, que alerta contra que la sanidad y la educación se conviertan en sectores de empleo estacional como ocurre con la hostelería o el campo.

Cataluña

El Consejo Sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha puesto en marcha una campaña informativa para proteger a los funcionarios catalanes ante las órdenes de "dudosa" legalidad en el proceso soberanista. CSIF recomienda a los funcionarios catalanes que pidan por escrito las órdenes del superior cuando éstas sean de "dudosa" legalidad y que denuncien ante la Fiscalía de la situación. El presidente de CSIF, Miguel Borra, explicó en rueda de prensa que, según la normativa, los funcionarios no pueden negarse a obedecer órdenes, salvo que la orden "no admita discusión jurídica sobre su ilegalidad".

El sindicato cuenta con un protocolo de actuación, que se presentó en Barcelona el pasado 19 de noviembre, con el que ofrecerá un seguro para los casos de suspensión de empleo y sueldo, que será gratuito para sus afiliados y a precio de coste para los que no lo sean.

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