UGT pide sanciones más altas contra el fraude en el empleo temporal

UGT pide sanciones más altas contra el fraude en el empleo temporal

Aboga por imponer una multa al empresario por cada contrato irregular e indemnizar al trabajador, ya que ahora se abusa porque «sale barato»

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

El plan de choque contra la temporalidad fraudulenta que puso en marcha el pasado verano el Ministerio de Trabajo y que permitió convertir 173.957 contratos temporales irregulares en indefinidos no es suficiente para UGT. El sindicato exige al Gobierno imponer sanciones más altas contra el abuso de este tipo de empleo ya que –a su juicio– «sale barato defraudar». Así lo denunció hoy en un comunicado enviado a los medios, en el que incidió en la necesidad de cambiar ya esta normativa tasando «con absoluta claridad» las causas de la contratación, ya que la actual regulación «favorece el abuso de este tipo de contratos e incentiva el fraude».

La organización liderada por Pepe Álvarez considera que cuando la actuación judicial declara un contrato en fraude y lo convierte en indefinido las consecuencias que tiene para el empresario son «escasas», ya que puede optar bien por reincorporarle al puesto de trabajo (algo que ocurre pocas veces) o despedirle de forma improcedente e indemnizarle, algo que no le causa mayor perjuicio dada la escasa antigüedad de este trabajador. Así, al transformar en indefinido el contrato este fraude «carece de consecuencias económicas para el empresario, ni de otro tipo», sino que «todo se reduce simplemente a corregir la decisión del empresario, pero sin sanción alguna», según explica UGT.

Asimismo, el sindicato exige acabar con los alicientes a este tipo de empleo estableciendo que el coste económico de extinguir un contrato temporal en fraude sea más caro que el coste de extinción de un contrato indefinido. De igual manera, además de elevar las cuantías de las multas, pide imponer una sanción por cada contrato, ya que independientemente del número de trabajadores afectados por el fraude, la empresa se enfrenta a una única multa que oscila entre los 626 euros y un máximo de 6.250 euros, así como hacer que paguen una indemnización al trabajador «por el perjuicio sufrido».