El Gobierno admite que la subida del salario mínimo puede provocar una «leve destrucción de empleo»

Un agricultor, en plena faena./Avelino Gómez
Un agricultor, en plena faena. / Avelino Gómez

Afectaría principalmente al sector agrario, al de la limpieza y al comercio minorista, mientras que no tendría efectos en la industria, la construcción ni la administración pública

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

El Gobierno ha admitido por primera vez que la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, medida que aprobará en los próximos días, puede provocar «alguna leve destrucción de empleo». Así lo reconoció este martes el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en rueda de prensa, aunque precisó que será principalmente en el sector agrario, donde -según las estimaciones realizadas a partir de encuentros con diferentes organizaciones- podría existir «un riesgo de alguna leve destrucción de empleo», ya que se cotiza por jornadas y se cobra por horas. Por ello, están trabajando en algunas medidas de choque para paliarlo.

A su vez, apuntó que dentro del sector servicios, alguna rama del comercio minorista y limpieza «pueden tener problemas», mientras que será «absolutamente inexistente» en la industria y también en la construcción. «Esto es lo que dicen nuestros criterios», aseguró el secretario de Estado, que acusó a algunas entidades de realizar una «extrapolación muy aventurada» al dar cifras globales del impacto que tendrá esta medida en el mercado de trabajo, como por ejemplo la Airef, que considera que podría traducirse en 40.000 empleos menos, o el Banco de España, que lo eleva hasta 190.000 menos. «No creemos que se vayan a destruir muchos puestos de trabajo», auguró Granado, aunque sí reconoció que puede ser que en el sector agrario en lugar de contratar a 20 personas se contraten a 18, por ejemplo.

Sin embargo, aseguró que, incluso en el caso de que «pudiera producirse una pérdida de puestos de trabajo, el objetivo de lograr con esta medida unos ingresos extra de 1.500 millones de euros para las arcas de la Seguridad Social debería mantenerse, puesto que es «moderada» y «relativamente prudente».

Y es que calculan que a partir del mes de enero, una vez que se apruebe esta medida mediante un real decreto, habrá al menos dos millones de personas que cotizarán más al sistema, según las primeras estimaciones oficiales del impacto que tendrá. Concretamente, 1.327.054 trabajadores que están ganando ahora menos de 12.600 euros brutos al año subirán sus retribuciones hasta los 900 euros al mes, pero en esta cifra no están incluidos los que cotizan por el régimen especial agrario o las empleadas del hogar, que muchas de ellas cobran menos que el SMI, sobre todo las que trabajan a jornada completa. Además, habría que contar a aquellos que cobran más de 900 euros al mes pero que cotizan por la base mínima, puesto que ésta se incrementará en el mismo porcentaje: un 22,3%. Se podría llegar entonces a los 2,5 millones o incluso tres millones de beneficiarios, también por el «efecto arrastre», es decir, que algunos trabajadores exigirán una subida mayor de su salario ante este alza inédita, que es precisamente una de las quejas que esgrimen los empresarios. Se trata de «un número importante de personas» que alcanzarán «algún tipo de mejora retributiva», explicó Granado.

El comercio, el sector más afectado

¿Cuáles son principales sectores en los que se agrupan los trabajadores afectados? Dos de cada diez se emplean en el comercio y la reparación de vehículos y motocicletas, mientras que uno de cada diez se dedica a la hostelería. Un 14% trabaja en actividades administrativas y servicios auxiliares y otro 7,7% en otros empleos del sector servicios. El resto, con porcentajes entre el 6% y el 7%, están en la sanidad y los servicios sociales, el sector público, las actividades científicas y técnicas, la educación y la industria.

Como era previsible, hay más mujeres afectadas que hombres: un 56,7% frente a un 43,2%. Por otro lado, casi la mitad de estos trabajadores que verán incrementados sus salarios tienen un contrato de trabajo a jornada completa, mientras que cuatro de cada diez están ocupados a tiempo parcial.

 

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