La visión de la administración pública

Gustavo Alonso y Esther Sánchez comparten sus impresiones sobre la situación de los funcionarios en España | «Algo falla en mi vida si me paso un sábado por la noche sujetando las piernas a un 'yonqui'», explica el primero

Gustavo Alonso y Esther Sánchez./
Gustavo Alonso y Esther Sánchez.
NOELIA A. ERAUSQUIN
Gustavo Alonso | Funcionario de prisiones

«Algo falla en mi vida si me paso un sábado por la noche sujetando las piernas a un 'yonqui'»

Gustavo Alonso se recuerda a sí mismo hace unos años, una noche de julio a eso de las tres de la madrugada preguntándose qué era realmente lo que estaba haciendo. Intentaba inmovilizar las piernas de un preso toxicómano que había tenido acceso a droga en la cárcel de Ocaña II, en Toledo, mientras otros compañeros hacían lo propio con los brazos y el resto del cuerpo. «Algo falla en mi vida si me paso la noche del sábado sujetando a un 'yonqui' en un pueblo de Castilla-La Mancha», pensó entonces, y lo sigue creyendo ahora, «porque nadie se convierte en funcionario de prisiones por vocación», asegura. Él lo hizo en 2005 al buscar una salida laboral, estable, con cierta calidad de vida y porque era una oposición «sacable», pero no oculta las miserias de un trabajo en el que se comparte vida con ladrones, 'camellos', asesinos, terroristas o violadores, y en la que hay puestos en los que se queda «a merced de los presos», porque a veces «hay 150 por funcionario».

La escasez de personal es una de sus principales reivindicaciones, así como la necesidad de más preparación. Por ello, defiende la creación de una especie de cuerpo especial de funcionarios para hacer frente a los habituales problemas que se dan en prisión, sobre todo, en las cárceles más conflictivas, en las que la violencia y el peligro están a la orden del día y se convierten en «rutina» para sus trabajadores, más para aquellos que están destinados en los módulos considerados complicados, como los de aislamiento o enfermería, aunque también en los servicios de interior, como la vigilancia del patio. «Entra mucha droga», reconoce, pero el peligro puede venir de cualquier parte. «Somos inflexibles con los pinchos», advierte, pero es difícil, esos pinchos nacen de la nada, «hasta de un hueso de pollo».

LOS DATOS

2,5
presos por cada funcionario de prisiones es la ratio en España, aunque resulta engañosa, porque no todos tratan con los reclusos. Entre los 23.000 trabajadores del sector se incluye también el personal de oficina y otros colectivos.
Demandas.
Además de aumentar las plantillas, piden mejoras salariales, una retribución acorde con las responsabilidades que se asumen y concursos de traslados con periodicidad anual.

Este asturiano, de 44 años, está destinado en la prisión de El Dueso, en Cantabria, un poco más cerca de casa, aunque calcula que necesitará unos 20 años en total para lograr el puesto que quiere, en la cárcel asturiana de Villabona. Le quedan seis, pero podrían ser más, porque «no hay concursos de traslados anuales», se queja. Antes de recalar en el centro penitenciario de Santoña, estuvo en el provincial de Santander, ya desaparecido, en el de Ibiza y en el toledano de Ocaña II.

Pertenece este gijonés a uno de los colectivos más beligerantes en los últimos meses de todos los que forman la Administración estatal. Para ese enfado generalizado tiene una explicación, que va más allá de la necesidad de aumentar plantilla -hay una oferta pública de empleo para 900 personas-. «Se nos prometió una subida lineal de 350 euros un martes y el viernes se desdijeron porque la Función Pública no lo autorizó. Eso ha generado mucho malestar. Fue una tomadura de pelo», considera, sobre todo, si se comparan con las mejoras de la Policía o la Guardia Civil. «Es que no todos los funcionarios trabajamos lo mismo», defiende. Ni siquiera dentro de las cárceles el esfuerzo es similar. Por eso, cree que debería haber una reforma general del sistema retributivo para reconocer ese esfuerzo y peligrosidad, incluso para promocionar, «que ahora no merece la pena, si no es para coger puntos para los traslados».

Esther Sánchez | Jefa de equipo de inspecciónde aeropuertos

«En la Administración depende de ti que la seguridad laboral no limite tu crecimiento»

Nunca pensó en ser funcionaria, pero, en plena crisis, mientras la empresa en la que trabajaba preparaba su tercer ERE, le llegó la oportunidad. La propuesta de un amigo que había sacado plaza un año antes, su preparación y la suerte justa -quedó la séptima para siete plazas- convirtieron a Esther Sánchez, a sus 26 años, en trabajadora de la Administración pública, en concreto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Esta ingeniera aeronáutica se encarga ahora de supervisar las autorizaciones para aeródromos, helipuertos y aeropuertos de uso restringido y también aquellos de uso público de un tamaño mediano. «Somos inspectores de seguridad aérea», explica, por lo que vigilan estas instalaciones tanto durante su construcción como con controles periódicos una vez están en activo.

No es su primer puesto en AESA. Al principio fue asignada al servicio de auditoría interna, que le sirvió «para conocer la casa», aunque llegó un momento en el que le cansó. Pudo cambiar y promocionar y reconoce que su ocupación actual le gusta mucho más. «Este servicio me encanta», afirma sin ambages, a la vez que valora muchos de los aspectos que conlleva la función pública, desde la seguridad del empleo a un horario que le da muchas facilidades. «Tenemos una parte fija, de 9 a 14:30 horas, y el resto de la jornada, hasta siete horas y media, podemos hacerlo antes o después. Es genial», apunta, y destaca también las ayudas que se ofrecen a la hora de conciliar.

LOS DATOS

2,5
millones de trabajadores forman el personal de la Administración pública en España -estatal, autonómica, local y de las universidades-, según el último Boletín hecho público por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Conciliación.
De manera general, los funcionarios cuentan con horarios más reducidos que en el sector privado y con medidas de conciliación.

Verse en plena crisis y antes de llegar a la treintena con un puesto asegurado resultó para ella una gran tranquilidad con respecto a otros jóvenes de su edad, aunque es consciente de que eso «de un empleo para toda la vida» puede llevar a un profesional a estancarse. Ahora, a sus 33 años, espera que no sea su caso. Defiende que en la Administración se puede avanzar y que «depende de ti que esa seguridad no limite tu crecimiento».

Pero si algo valora esta madrileña de su cargo actual es, precisamente, su carácter público. «Siento que damos un servicio a la sociedad. Si estuviera en una empresa privada tendríamos un interés determinado, pero trabajamos para los demás, somos personas con un compromiso social», explica convencida.

No oculta que hay aspectos que se podrían mejorar, que están intentando que la Agencia gane en agilidad, «pero las cosas son lentas porque lo que se crea es más seguro y todo está normalizado».

También es consciente de que si trabajara en la empresa privada podría ganar mucho más. «El nivel retributivo no tiene color», afirma, aunque defiende que «todo depende de lo que quieras en la vida». Y a ella su puesto le encaja con sus prioridades vitales.

Además, como miembro de la plataforma por la igualdad de género Balance 4 AESA, destaca de la función pública los procesos de selección que se siguen, «sin ninguna distinción para hombres y mujeres».

De hecho, su sector es en el ámbito privado eminentemente masculino, mientras que en AESA, sin llegar a la paridad absoluta, el porcentaje de mujeres ronda el 40%. El objetivo de Balance 4 AESA es, precisamente, despertar vocaciones entre los jóvenes, independientemente de su sexo, y descubrirles referentes femeninos.