La bronca política enturbia el dolor en Génova

La bronca política enturbia el dolor en Génova
AFP

El Gobierno de coalición ataca ahora al anterior Ejecutivo, liderado por Matteo Renzi, por supuestos favores a la concesionaria de la autopista siniestrada

DARÍO MENOR

 Las tragedias demuestran de qué pasta está hecho un país. Lo sucedido el pasado martes en Génova, cuando se derrumbaron más de 200 metros en ambos sentidos del puente Morandi, dejando 38 muertos y 15 heridos, ha sacado a relucir las diferencias, acusaciones absurdas y falta de asunción de responsabilidades de las autoridades y poderes económicos de Italia. Aunque los equipos de rescate siguen excavando sin descanso por turnos en el amasijo de cascotes, hierros y trozos de hormigón en que ha quedado convertido el viaducto para encontrar a las entre 10 y 20 personas que siguen desaparecidas, la pelea entre los implicados amenaza ya con eclipsar a quienes deberían ser los protagonistas: las víctimas. Y eso que todavía falta un día para los funerales de Estado de los fallecidos, que se celebrarán mañana en Génova, según anunció ayer el primer ministro, Giuseppe Conte.

     Como manda su papel de subalterno de los líderes del Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga, Luigi di Maio y Matteo Salvini, Conte se ha visto superado por los dos hombres fuertes del Gobierno, que se han apresurado a disparar y buscar culpables sin esperar a que se aclaren las causas del suceso. Ambos llevan arremetiendo desde el primer momento contra Autostrade per l'Italia, la concesionaria de la autopista A-10 que transcurría por el viaducto desplomado y cuya matriz, Atlantia, se dejó ayer un 22% en la Bolsa de Milán.

     Sin haber siquiera visitado el lugar de la tragedia, Di Maio anunció en un primer momento que el Ejecutivo revocará la concesión de la A-10 a Autostrade per l'Italia por lo sucedido con el puente Morandi. Ayer el Gobierno empezó a dar marcha atrás al asegurar que primero esperará al resultado de una comisión creada por el Ministerio de Infraestructuras para investigar lo sucedido, aunque mantuvo su exigencia de que dimitan de inmediato los directivos de la concesionaria. Los expertos en el sector advierten de los elevados costes que supondría revocar la concesión para el Estado (entre 15.000 y 20.000 millones de euros), además de las dificultades burocráticas y el largo proceso judicial que conllevaría.

Di Maio, en cualquier caso, sigue con el verbo desatado y ayer volvió a arremeter contra la familia Benetton, que controla Atlantia. Dijo que su Gobierno es «el primero» que no ha recibido dinero de ellos y acusó al Ejecutivo de Matteo Renzi de haber concedido contratas a Atlantia a cambio de financiación para su formación política, el Partido Democrático (PD). Renzi le respondió llamándole «mentiroso» y «chacal» y aseguró que ni él ni el PD han recibido «un céntimo» de los Benetton, Atlantia o Autostrade per l'Italia. La empresa reaccionó con una nota en la que dijo tener confianza en que podrá demostrar que cumplió con todos los protocolos de seguridad previstos para el puente Morandi y recordándole al Gobierno que si le quita la concesión de la A-10, exigirá una indemnización porque al contrato de explotación le quedan todavía 20 años de validez.

La tragedia del viaducto también ha dejado al descubierto las vergüenzas de Salvini. El líder de la Liga ha hecho de la crítica a la Unión Europea uno de sus principales activos políticos y no pierde oportunidad para arremeter contra Bruselas, incluso cuando no tiene motivos para ello.

    

Fondo de cohesión

Pocas horas después del derrumbe, se quejó de que los límites de déficit europeos impedían «gastar para tener carreteras y colegios seguros». Pareció olvidarse de que el mantenimiento de la A-10 corría a cargo de una concesionaria privada, aunque ayer se lo recordó la Comisión Europea. El portavoz comunitario Christian Spahr dijo que había que dejar «algunas cosas claras» y destacó que, entre 2014 y 2020, Italia cuenta con 2.500 millones de euros de fondos europeos estructurales y de cohesión destinados a inversiones en la red de infraestructuras, como carreteras o líneas ferroviarias.

     Salvini pareció haber entendido el mensaje, pues no volvió a relacionar a la UE con la tragedia de Génova. Lo que hizo fue sumarse a su socio de Gobierno para cargar contra Autostrade per l'Italia y exigirle que «eche mano de la cartera» para pagar el resarcimiento a los heridos, a los familiares de los fallecidos y a las más de 600 personas que han perdido sus viviendas.

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