El juez de Púnica investiga a Arturo Fernández por la financiación del PP de Madrid

Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional./
Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional.

Ordena registros, pide documentos sobre contratos de publicidad en conserjerías y cita al extesorero y exgerente del partido

MATEO BALÍNMadrid

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, instructor de la trama 'Púnica', la "gigantesca red de tráfico de influencias" que afecta a administraciones públicas de Madrid, Valencia, Murcia o León, ha tomado declaración como investigado al empresario Arturo Fernández, exvicepresidente de la CEOE, dentro de la pieza separada sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid, que permanece bajo secreto.

Junto a Arturo Fernández, condenado por las 'tarjetas black' de Cajamadrid, han declarado como investigados el exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid José Ignacio Echeverría, extesorero provincial del PP, y Beltrán Gutiérrez, exgerente de la formación presidida por Esperanza Aguirre. Los tres han abandonado la Audiencia Nacional sin medidas cautelares, según fuentes jurídicas. En los próximos días serán citados nuevos investigados.

Fernández, Echeverría y Beltrán han contestado a las preguntas de las fiscales anticorrupción del caso. Al primero le han preguntado por una donación de 70.000 euros realizada a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) y por la adjudicación de la restauración de la Asamblea de Madrid, que la Fiscalía sospecha que se hizo de forma irregular, según informa EFE.

¿La trama del 1%?

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable policial de la investigación, ha requerido además documentos sobre la adjudicación de contratos de publicidad por el 1 % del total de la obra concedida en varias consejerías y organismos dependientes de la Comunidad de Madrid. En concreto, afecta a las consejerías de Sanidad, Transportes o en la empresa pública Nuevo Arpegio, entre otros organismos.

El magistrado, que anunció en un auto que dispone de "potentes indicios y datos objetivos" de que el exsecretario general de la formación, Francisco Granados "recibió dinero para la posible financiación del PP", ha ordenado una nueva tanta de registros y requerimientos de información en distintas empresas, domicilios y sedes oficiales.

La nueva fase se inicia tras el estudio de la "ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital", que fue intervenida en los anteriores registros practicados, entre ellos el de la sede regional de la formación en la calle Génova de Madrid.

En la pieza, mantiene imputados por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales al exgerente Beltrán Gutiérrez y el empresario Javier López Madrid, además de al propio Granados y su socio el constructor David Marjaliza, acusado confeso. Según documentos incluidos en el sumario de la trama, Granados reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez de hasta dos millones de euros.

También registró varios pagos efectuados por López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Parte del dinero, una cantidad millonaria, fue 'repartida' posteriormente por Granados, que la derivó al exgerente regional. Los abonos se encuentran anotados en este documento en el que, bajo las iniciales 'B.G.', Gutiérrez figura como el principal beneficiario. Para ello fue clave la colaboración de Marjaliza, que puso nombre a algunas iniciales y otras referencias que figuran en las anotaciones de Granados.