Díaz vuelve al carril social opacado por la amnistía

Desde que el ajustado escrutinio del 23-J hizo posible la reedición del Ejecutivo de coalición, esta vez entre el PSOE y Sumar con el concurso de todo el soberanismo catalán y vasco, Díaz ha desplegado un intenso protagonismo para allanar el camino hacia el acuerdo, particularmente con el Junts de Carles Puigdemont. Tanto que la búsqueda de ese pacto había opacado la reivindicación de la agenda social que la formación magenta -y Podemos, empeñado en situar las negociaciones en ese carril- cree esencial en ese eventual nuevo «Gobierno progresista». Hasta esta última semana.

La líder de Sumar pondrá este martes las cartas sobre la mesa de su propuesta para amnistiar a los encausados por el 'procés', que asume aspectos de la proposición de ley de Junts y ERC que el Congreso tumbó hace dos años con los votos del PSOE, PP y Vox; un planteamiento jurídico del que se ha desmarcado el ala socialista del Gobierno en funciones y al que no se siente vinculado Podemos que, pese a compartir «la desjudicialización» de la intentona secesionista en Cataluña de 2017, no ha participado en su concepción y atisba el riesgo de que la defensa intensiva de la amnistía esquine el programa social que es 'la marca de la casa' del partido comandado por Ione Belarra.

En la última semana, Díaz -que rompió el cerco a Puigdemont con su visita por sorpresa el 4 de septiembre y que ha llegado a sostener que los líderes del 'procés' fueron condenados «por sus ideas políticas»- ha acelerado al anunciar la presentación mañana del informe para la exoneración de los independentistas. Pero, al tiempo, ha vuelto a agitar las banderas sociales -derecho a la vivienda, mejora del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral...- para advertir de que el pacto con el PSOE está «lejos».

El debate de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo marcó, en este sentido, un punto de inflexión. Podemos interpretó que los tres portavoces, ninguno de sus filas, que salieron a la tribuna a dar la réplica al líder del PP -Marta Lois, estrecha colaboradora de Díaz; Enrique Santiago, de IU, y Aina Vidal, de los comunes-, desaprovecharon la ocasión para marcar perfil en el terreno de 'las cosas del comer' frente a las derechas; y que, en consecuencia, el PSOE les había ganado la partida al optar por la combativa intervención contra Feijóo del excalde de Valladolid Óscar Puente. «¿Tiene que dedicar un portavoz todos los minutos de su discurso a la amnistía cuando los ciudadanos están preocupados por el precio de la gasolina o del aceite?», vinieron a resumir su descontento privadamente algunas voces de Podemos, en alusión a la intervención de Santiago.

Pero, más allá de lo ocurrido en la investidura, tanto en el entorno de Díaz como en Podemos cunde una inquietud de fondo: que el complejo puzle que debe armar Sánchez con sus potenciales socios para retener la Moncloa acabe primando a Junts -y, por arrastre, al PNV-, dos partidos a los que consideran alejados del progresismo y en el caso de los de Puigdemont, emparentados directamente con la derecha; y que, por ejemplo, ya se posicionaron contra la ley de vivienda, pieza irrenunciable para quienes conforman hoy Sumar.

Y Díaz ha vuelto a agitar esa bandera, además de otras sociales, tanto en su comparencia de hace una semana tras entrevistarse con el Rey en la segunda ronda de contactos para la investidura como, con portavoz interpuesto -el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez-, después de la reunión con Sánchez del miércoles. «No podemos conformarnos con legislar al ralentí», avisó Álvarez, interlocutor de Sumar y número dos del ministerio de Belarra, al término de la cita de la vicepresidenta con el presidente. «La presencia del PNV y de Junts puede ser un freno a las medidas sociales», rematan fuentes de la coalición magenta.