La Fiscalía reconoce la «frustrante sensación» de no poder proteger a las víctimas de violencia machista

El Rey, junto al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, escucha la intervención de la fiscal general del Estado, María José Segarra. /Efe
El Rey, junto al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, escucha la intervención de la fiscal general del Estado, María José Segarra. / Efe

La seguridad de las mujeres disminuye debido al poco uso de dispositivos telemáticos, la lentitud de las autoridades, la denegación de medidas cautelares en los juzgados y la vinculación afectiva

Doménico Chiappe
DOMÉNICO CHIAPPEMadrid

Hay un tema que preocupa en especial al Ministerio Fiscal: la desprotección de las víctimas de violencia de género que se atreven a denunciar. En 2018 han constatado un aumento en las muertes de las mujeres que sí habían denunciado previamente. De las 49 asesinadas por sus parejas o exparejas, dieciséis habían formulado al menos una denuncia ante las instituciones. Un 32,6% frente al 20,7% del año 2017. «Este incremento genera la frustrante sensación de que, a pesar de la mayor confianza de las víctimas en la respuesta judicial, no se ha sido capaz de ofrecer la protección adecuada para garantizar su seguridad», refrenda María José Segarra, fiscal general del Estado, cuyo equipo analiza por qué la mujer que da el paso decisivo para romper con el círculo de violencia queda, sin embargo, expuesta a su agresor.

En primer lugar, dice la Fiscalía, carecía del «control de las medidas por medios telemáticos», que no se había instalado «ni siquiera cuando existían varias denuncias o quebrantamientos anteriores, o cuando la valoración policial del riesgo era alta». La negativa a usar este tipo de dispositivos se debe a que «todavía no se perciben las ventajas que este medio de control supone para la protección de la víctima, frente a las molestias que genera en su vida cotidiana». Existían medidas de alejamiento vigentes en seis de los 16 casos mortales de agresión a mujeres que habían denunciado. Aunque todavía no llega a la mayoría, el uso de dispositivos digitales de control casi se ha triplicado en un año, de 254 instalados en 2017 a 718 al año siguiente. «La renovación de los dispositivos y sus mejoras técnicas permiten esperar una sensible reducción de las incidencias derivadas de puntuales faltas de cobertura», apunta la Fiscalía.

Clamar al viento

El segundo factor por el que las mujeres con órdenes de protección son agredidas o asesinadas está en la lentitud del sistema. «Se hace necesario mejorar los tiempos de respuesta ante los supuestos de quebrantamiento de las medidas de protección de la víctima, incluso sin la oposición de la misma. Una vez más, se debe insistir en que este tipo de incumplimientos supone un factor de riesgo relevante que permite valorar la adopción de medidas cautelares como la prisión preventiva», que se aplicó 1.420 supuestos veces, 66 más que en 2017.

Hubo, sin embargo, un 31% de mujeres que solicitaron y no obtuvieron medidas cautelares en los juzgados. Y a las mujeres hay que creerles, señalan las matemáticas: en el año 2018 se interpusieron 166.961 denuncias por violencia de género y se incoaron 14 causas por denuncia falsa. «La proporción en relación con los procedimientos en los que se ha dictado sentencia condenatoria por denuncia falsa desde 2009 –un total de 97– es del 0,0069%».

En 2018 se solicitaron 45.045, la mayoría (87%) ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y el resto en juzgados de guardia ordinaria. Se concedieron 31.550, el 69%. La Memoria de la Fiscalía destaca el incremento de medidas cautelares solicitadas y concedidas: entre un año y otro las solicitudes se incrementaron un 2,1%, y las efectivamente acordadas subieron un 4,6%. No obstante, existen «diferencias significativas entre Comunidades Autónomas e incluso entre partidos judiciales de un mismo territorio», desvela la Fiscalía.

En cuanto a la denegación de las órdenes de protección solicitadas, muy por encima de la media nacional están Valladolid (59% rechazadas), Sevilla (49%), Cataluña (46%) y Madrid (44%). En el opuesto, La Rioja, que solo ha denegado el 9%. «Estas diferencias de criterios existentes entre los juzgados generan una cierta inseguridad jurídica que es difícilmente compatible con las campañas de incentivación a la denuncia que se promueven desde todos los sectores sociales e institucionales implicados». La causa del rechazo a la súplica de la víctima está, valoran las distintas fiscalías, una «insuficiente o deficiente valoración del riesgo».

Yo acuso

En el caso de las 16 mujeres asesinadas que sí contaban con órdenes de protección por haber presentado una denuncia, en nueve ocasiones esas denuncias fueron archivadas o se había dictado una orden absolutoria. De esas nueve veces, en dos se consideró que las declaraciones de la mujer eran contradictorias y se absolvió al acusado, en seis se archivó por deseo de la propia víctima y en uno se valoró como riesgo bajo. Todas fueron asesinadas.

Ahora bien, están las mujeres que fueron agredidas y, por fortuna, se salvaron. En 2018 hubo 56 ataques «que pusieron en riesgo concreto y grave la vida o la integridad de la mujer, de su familia o de sus hijos menores. Estas agresiones pudieron haber conseguido el resultado luctuoso buscado, pero por diversas causas (capacidad de reacción de la víctima, desistimiento del agresor, intervención de vecinos o aviso a la policía) no se produjo». Entre ellas, el 41,8% había denunciado.

Por último, otro factor que favorece la desprotección de las víctimas de violencia machista tiene una raíz profunda en «la fuerte vinculación afectiva que muchas víctimas mantienen con el agresor, lo que les lleva a poner en peligro su propia vida. Esto determina, a su vez, la enorme dificultad en la valoración del riesgo o, dicho de otro modo, en la previsión de la conducta futura del agresor».

Y sigue la Fiscalía con un 'mea culpa' que es, también, un 'yo acuso': «Por otra parte, seguimos observando que, en muchas ocasiones, el círculo más íntimo de amigos, familiares o vecinos eran ya conocedores de la situación existente, o se trataba de profesionales a los que había acudido la víctima con anterioridad a pedir ayuda, sin que se hubiera formulado denuncia».

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