El Gobierno ya asume que la exhumación de Franco no será posible esta legislatura

Valle de los Caídos. / Alberto Ferreras

La familia del dictador tiene un plazo de quince días para elegir nueva ubicación y también la opción de que el Supremo diga la última palabra

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Primero se dijo que antes del verano, luego que antes de que finalizara 2018 y ahora... La intención del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos parece que, al menos en esta legislatura, se quedará en eso, en un intento. Porque el Ejecutivo, una y otra vez, se ha encontrado con la burocracia. Ni es tan sencillo como en un principio se llegó a anunciar, ni va a encontrar facilidad alguna para que los restos del dictador descansen en otro lugar que no sea el actual mausoleo. Porque la opción de la cripta de La Almudena está descartada, por el Gobierno, que no por la familia. Ese enfrentamiento es el que obligará a que sea la justicia quien dictamine. El caso, salvo sorpresa mayúscula y silencio administrativo de los nietos de Franco en las dos próximas semanas, tiene visos de llegar al Tribunal Supremo.

En el Consejo de Ministros ordinario que siguió al extraordinario en el que Sánchez anunció a los suyos el adelanto electoral al 28 de abril volvió a tratarse, y a aprobarse, una de las medidas estrellas del presidente socialista: la exhumación del dictador. Esta vez, Dolores Delgado defendió la decisión gubernamental, aunque, más bien, lo que expuso fue una retahíla de acontecimientos pasados y futuros con un mismo denominador común: el Gobierno sigue en el punto de partida.

Se abre ahora, desde que el BOE publique este mismo sábado la aprobación para la exhumación de Franco, quince días para que la familia del dictador comunique qué nuevo lugar han elegido, detalló la ministra de Justicia. Pasado ese tiempo, y dando por hecho que no habrá acuerdo entre unos y otros, el Consejo de Ministros volverá a tratar el tema, esta vez para decidir una sepultura digna para el general, en un lugar que no presente riesgos de seguridad ni de orden público. Y será esta decisión, a juzgar por declaraciones anteriores de la familia Franco y por la nota enviada este jueves por la fundación que lleva su nombre, la que llevará el caso hasta el Tribunal Supremo.

Medidas cautelares

La fundación, de hecho, ya ha avanzado que solicitará, cuando toque, medidas cautelares para paralizar el proceso. O dicho de otra forma, los restos de Francisco Franco continuarán enterrados en el altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos hasta que se pronuncie el Alto tribunal. Y este hecho, ni que decir tiene, se produciría más allá del 28 de abril, el día elegido por Sánchez para las elecciones generales. Más que nada porque los interesados -a la familia y a la fundación también puede sumarse la orden benedictina que custodia el Valle de los Caídos, personada en el caso-, tienen un plazo de dos meses para presentar el recurso de exhumación.

Bien es cierto, por otra parte, que el Gobierno no tendría por qué esperar a la presentación del supuesto recurso ante el Supremo y podría ordenar la exhumación de Franco en el Consejo de Ministros del 8 de marzo, pero esta opción parece descartada. Primero porque, al tener que realizarse los trabajos dentro de un lugar de culto, se precisa del permiso de la Iglesia y, al solicitarse, las partes implicadas tendrían la opción de acudir al Supremo para pedir la suspensión cautelar. Y, después, porque la familia Franco ya ha mostrado su predisposición a acudir hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de que el Gobierno tome una decisión de forma arbitraria.

Y dicho tribunal europeo ya tiene jurisprudencia al respecto, que sería desfavorable para el Ejecutivo. En el caso en cuestión, Polonia violó el derecho al respeto a la vida privada y familiar, reconocido en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, al enterrar al presidente Lech Kaczynksi, fallecido en accidente de avión en 2010, sin tener en cuenta el deseo de dos familiares.

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