El Gobierno ha negado 46 veces al Parlamento datos sobre el coste de los viajes de Sánchez

Algunas de las 46 respuestas estereotipadas usadas por el Gobierno. Abajo, Sánchez con el Falcon./EFE
Algunas de las 46 respuestas estereotipadas usadas por el Gobierno. Abajo, Sánchez con el Falcon. / EFE

Moncloa ha utilizado seis respuestas estereotipadas para ocultar los detalles de los trayectos a la boda de su cuñado, al FIB o el uso del helicóptero

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

En solo seis meses (entre julio y diciembre de 2018) el Gobierno ha negado 46 veces información al Congreso o al Senado sobre el coste y otros detalles de los viajes del presidente Pedro Sánchez, según los registros parlamentarios a los que ha tenido acceso este periódico. Aunque la inmensa mayoría de las preguntas de sus señorías se refieren estrictamente a cuestiones económicas generales o detalles menores, como quién acompañaba en los desplazamientos al jefe del Ejecutivo, el Gobierno se ha parapetado, una y otra vez, en cuestiones de seguridad del Estado e, incluso, en que se trata de «materia clasificada» para no dar una sola cifra, siquiera aproximada, a los diputados y senadores.

En total, han sido 31 evasivas al Congreso y 15 a la Cámara alta. La inmensa mayoría de las demandas de información han sido por parte de los grupos parlamentarios del PP en las dos instituciones, aunque también hay preguntas de otras formaciones en las dos cámaras.

El Gobierno, en realidad, no ha dejado de responder ninguna de las preguntas, aunque lo ha hecho siempre a través de, al menos, seis tipos de respuestas estereotipadas, algunas de dos únicas líneas. La respuesta preferida de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes para hurtar la información al control parlamentario es que cualquier detalle sobre los viajes de Sánchez tiene que ver con «informes sobre movimientos de aeronaves militares» y «planes de protección de autoridades» y que por tanto «tiene consideración de materia clasificada», o sea una cuestión regulada por la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

Nunca «ocio personal»

El polémico viaje a Castellón en julio junto a su mujer para asistir al FIB a ver a 'The Killers' fue el detonante de la cascada de preguntas parlamentarias. Exactamente 20 de las 46 reclamaciones desatendidas información por parte del Parlamento versan sobre aquel desplazamiento.

«Por razones de seguridad no se puede facilitar información individualizada de los dispositivos de protección asignados a las diferentes instituciones y autoridades del Estado». Esta lacónica frase ha servido al Gobierno para responder a preguntas que nada tienen que ver con la seguridad sobre el viaje al FIB, tales como el «coste añadido de persona e infraestructuras del aeropuerto de Castellón por el uso exclusivo de la pista» aquel día, la composición de la «delegación» que acompañó al presidente aquel 20 de julio en el Falcon o por qué no aparecía en la agenda oficial del presidente la asistencia al concierto, ya que usó medios públicos.

En cualquier caso, sostiene tajante el Ejecutivo en otras muchas respuestas que «el presidente no utiliza el avión oficial para ningún evento de ocio personal». Solo «los desplazamientos del presidente del Gobierno que requiere su agenda oficial son sufragados con fondos públicos», señala Moncloa en otra de sus recurrentes respuestas cuando, por ejemplo, en el Parlamento le han cuestionado en once ocasiones sobre su viaje en helicóptero Superpuma en junio a la localidad riojana de Aldeanueva de Cameros para asistir a la boda de su cuñado. Ni una palabra sobre el «coste económico», ni sobre los efectivos movilizados, ni sobre la posibilidad de haber hecho el viaje por carreteras o sobre el «blindaje» de aquella localidad.

Tampoco hay un solo dato en las respuestas a las nueve preguntas sobre el uso del helicóptero para los viajes de Sánchez ni sobre el número de veces que ha usado este medio, por ejemplo, para desplazarse desde Moncloa a Torrejón de Ardoz, a pesar de que solo hay 30 kilómetros entre ambas localizaciones.

Tres veces, sin éxito, los parlamentarios han preguntado también por el avión Falcon, el helicóptero y el Airbus movilizados para la cumbre hispano-lusa en Valladolid. En otras dos ocasiones han intentado conocer, igualmente sin éxito, a quién se llevó el presidente en su gira por Canadá y Estados Unidos. Tampoco el Gobierno ha revelado cuántos días ha pasado el 'viajero' Sánchez en la Moncloa desde que llegó al cargo. «El presidente del Gobierno lleva trabajando en la sede de la Presidencia desde el día 2 de junio, fecha de su nombramiento», ha sido la respuesta, no exenta de cierta sorna, pero que no aclara, una vez más, nada sobre los desplazamientos del jefe del Ejecutivo socialista.

Tirones de oreja

El Gobierno arguye en más de una decena de sus respuesta que es el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) quien «avala» la negativa a facilitar de manera pública los datos sobre los desplazamientos del jefe del Ejecutivo. Pero esto no es exactamente así.

El CTBG, en dos ocasiones este otoño, ha censurado la negativa del Gobierno a facilitar esa información. La primera vez fue a raíz de una reclamación oficial de la agencia Servimedia para conocer el gasto del desplazamiento de Sánchez a Castellón en julio para asistir al FIB de Benicássim.

El segundo tirón de oreja llegó cuando Moncloa se negó a hacer público el coste y acompañantes de la gira del presidente por América Latina en agosto (información requerida por El Confidencial). Solo en los últimos días, y tras las reconvenciones del CTBG, Moncloa desveló que el desplazamiento al FIB tuvo un gasto de protocolo (o sea previo a la llegada del presidente) de 282,92 euros. Ni rastro de la información real que se reclamaba.

El Consejo viene advirtiendo a Moncloa que facilitar datos genéricos sobre los gastos no «atenta contra la seguridad y defensa del Estado», que facilitar las informaciones que se han venido reclamando no supone «difundir información que altere los planes de defensa militar» y que, en cualquier caso, no se puede extender la consideración de secreto oficial a un asunto sin que previamente haya recaído una resolución administrativa declarando esa materia restringida.