El número tres de Podemos da plantón al juez del Supremo

El diputado y secretario de Organización de la formación morada está siendo investigado después de que la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal acordase abrir causa al aforado tras recibir una exposición razonada del Juzgado de Instrucción número cuatro de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife).

«En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios y canarias a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica. Prueba de la contundencia de mis afirmaciones es que no fui ni detenido ni siquiera identificado por esos supuestos hechos en ningún momento. Gobiernos anteriores pretendieron criminalizar la protesta, pero no lo vamos a consentir«, ha justificado el dirigente de Podemos a 'El Periódico'.

Tras no acudir hoy a la llamada del juez, la Sala tiene previsto emprender un procedimiento de imputación formal del diputado solicitando al Congreso el pertinente suplicatorio para poder investigarle. La Fiscalía de Canarias había presentado escrito de acusación provisional calificando su conducta de un delito de atentado contra agente de la autoridad y una falta de lesiones, hechos por los que solicita la imposición de un año de prisión y un mes de multa.

Lo hechos se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la ley educativa LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en un acto en la catedral.

Según los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos policías resultaron agredidos. Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en las citadas agresiones, como «'pancartazos' y puñetazos», y su participación exacta deberá ser aclarada ahora por el juez del Supremo.

Respecto a este mismo parlamentario, el alto tribunal abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.