Los servicios jurídicos de Madrid estudian si crear o no la lista de objetores
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sostiene que la polémica es una «cortina de humo» para tapar el 'caso Ábalos'
M. E. A.
Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:29
No hay tregua entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Los servicios jurídicos regionales están estudiando si procede o no crear el registro de ... objetores de conciencia al aborto a cuya implantación están obligadas por ley las comunidades autónomas y que le ha sido requerido formalmente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez después de que Isabel Díaz Ayuso haya dicho que «nunca va a hacer» la «lista negra» de médicos objetores. «Cuando tengamos algo que decir al respecto, lo vamos a hacer. En cualquier caso, no nos engañemos: este registro no sirve para nada. Lo único que pretende es señalar a determinados médicos. Hemos dicho que no vamos a hacer registros ni que señalen, igual que no señalamos a mujeres por abortar o por no hacerlo», aseguró este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
El portavoz del Ejecutivo madrileño confirmó que con el requerimiento llegó una carta de Sánchez, que contestarán «cuando llegue el momento». En su opinión, la polémica por el incumplimiento legal de Madrid es «una cortina de humo» para no hablar de la «debilidad del peor Gobierno de la democracia» asediados por el 'caso Ábalos'. «Se ha sacado un tema que está absolutamente superado en nuestro país. La verdad es que en el último año -explicó- se han practicado 200.000 abortos, el 20% de nuestra región».
García insistió en que cualquier mujer que quiera abortar bajo los supuestos recogidos en la ley, «lo puede hacer». Según los datos de la Consejería de Salud madrileña, en la región se practicaron en 2024 un total de 20.883 abortos, una cifra ligeramente superior a la de 2023, que fue de 20.482. De ellos, casi 3.000 mujeres provenían de otras comunidades autónomas, principalmente de Castilla-La Mancha.
Ayuso reiteró este martes que va a «seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid». «El respeto y el anonimato de los profesionales, que está amparado por la Constitución española, la libertad de conciencia, y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias», subrayó, tras rechazar las lecciones «de machito» de Sánchez, que se «cree Dios» para hablar sobre el aborto en nombre de las mujeres.
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