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«Están a tiempo de evitar males mayores», advierte Rajoy a la Generalitat

«Están a tiempo de evitar males mayores», advierte Rajoy a la Generalitat

El presidente del Gobierno asegura, tras la detención del núcleo duro que preparaba el referéndum del 1 de octubre, que su respuesta a los independentistas será «firme, proporcionada y rigurosa»

nuria vega

Jueves, 21 de septiembre 2017, 07:11

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a los responsables de la Generalitat que «cesen en sus actuaciones» porque «saben que este referéndum ya no se puede celebrar» porque «nunca fue legal y legítimo» y están «a tiempo de evitar males mayores».

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«No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad, regresen a la ley y a la democracia», ha dicho Rajoy este miércoles en una comparecencia en La Moncloa, en la que ha insistido en que no renunciará a ninguno de los instrumentos del Estado de derecho para «evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos».

También ha hecho una advertencia a quienes «aprovechan el órdago independentista» para «generar inestabilidad en las calles» y «debilitar las instituciones». «Les advierto de que tendrán que responder ante los españoles de su deslealtad en un momento tan decisivo de la vida política», ha añadido.

Tras la detención de catorce supuestos organizadores del referéndum, entre ellos una decena de cargos de la Generalitat, y la intervención de numeroso material, Rajoy ha defendido la «respuesta integral del Estado de derecho». «Lo que está en juego no es una demanda política, está en cuestión el propio fundamento de la democracia, el Estado de derecho ha actuado y seguirá actuando» ha dicho Rajoy, quien ha insistido en que para cada ilegalidad y vulneración de la ley habrá una respuesta «firme, proporcionada y rigurosa».

Las advertencias de Mariano Rajoy se produjeron al final de una jornada frenética, en la que efectivos de la Guardia Civil desmantelaron el núcleo duro que preparaba desde dentro de la Generalitat la celebración del referéndum del 1 de octubre. Durante todo el miércoles se detuvo a 14 personas, una decena de ellas cargos de la Generalitat, y se produjeron numerosos registros que también propiciaron el arresto de dos propietarios de almacenes. Entre los detenidos más relevantes de la ‘operación Anubis’ se encuentra el secretario de Economía, Josep María Jové, número dos de Junqueras, acusado de malversación y prevaricación, según fuentes de la Guardia Civil.

10 millones de papeletas

La Benemérita no detuvo al propio Junqueras por su condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Junto a las detenciones, los agentes se incautaron de casi 10 millones de papeletas (9.894.350 exactamente) que, según estima la Guardia Civil, constituyen el grueso de todas las que había encargado la Generalitat para la celebración del referéndum el 1 de octubre. Asimismo, se aprehendieron carteles con la leyenda ‘local electoral’, actas de lista numerada de votantes con la inscripción ‘referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017’, actas de sesión de escrutinio, actas de Constitución de mesa y otros formularios.

En total, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona acordó este miércoles un total de 41 registros: seis despachos ubicados en distintas sedes oficiales del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, tres empresas en Barcelona relacionadas con la actividad delictiva que investiga, así como el registro en despachos profesionales no oficiales y en domicilios particulares.

Los funcionarios entraron en sedes de los departamentos de Economía y Exteriores en Barcelona por orden del Juzgado de Instrucción 13 de la ciudad condal tratando de recopilar documentación sobre pago de trabajos relacionados con la preparación del 1-O. Oriol Junqueras es quien dirige la Consejería de Economía, epicentro del operativo.

Todas estas intervenciones policiales provocaron una inmediata respuesta ciudadana, que se tradujo en la presencia en las puertas de las sedes de la Generalitat de centenares de manifestantes que trataron de impedir la labor de las fuerzas de seguridad. Ya por la noche se produjo una gran concentración en la que participaron miles de personas e incluso se celebró una improvisada cacerolada.

Uno de los objetivos fundamentales del operativo policial contra el referéndum es recopilar pruebas del delito de malversación, por el uso de fondos públicos en la preparación de la consulta. Los funcionarios, que siguen también la pista de las urnas y las tarjetas censales, no descartan más detenciones. Hasta el momento, las pesquisas han dado su fruto: han requisado ya 9 millones de papeletas del referéndum en una nave de Bigues i Riells, en Barcelona.

El martes los agentes ya se habían incautado de más de 45.000 notificaciones a los miembros de las mesas en los almacenes de la mensajería Unipost en Terressa, en el mayor golpe hasta ahora a los preparativos de la consulta, ya que fueron retiradas el 80% de las cartas a las personas que debían acudir a los colegios como presidentes, vocales o sustitutos.

Desde el viernes, los funcionarios han retirado de la circulación más de 1,5 millones de carteles y folletos relacionados con el referéndum, tanto de publicidad institucional del gobierno que preside Carles Puigdemont como de propaganda a favor del ‘sí’.

«Estado de excepción»

A las pocas horas de comenzar la operación policial, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareció en el Palau de la Generalitat, rodeado de sus consejeros, para denunciar lo que definió como una «agresión» coordinada de los poderes del Estado español contra las instituciones catalanas en referencia a los registros y detenciones de la Guardia Civil por la organización del referéndum ilegal previsto para el 1-O.

Según Puigdemont, en un discurso solemne desde la sala gótica del Palau de la Generalitat, el Gobierno central «ha suspendido hoy de facto el autogobierno de Cataluña» y ha decretado el «estado de excepción». El líder nacionalista ha calificado la actitud del Ejecutivo central de «régimen autoritario y antidemocrático» que ha violentado la convivencia y los derechos básicos y se ha saltado la carta de los derechos humanos de la UE. «El Gobierno ha ultrapasado todas las líneas rojas de la democracia», dijo. «Es una vergüenza democrática».

Puigdemont, en cualquier caso, mantiene la convocatoria del próximo 1 de octubre. «Estamos convocados para el 1-O para defender la democracia». El jefe del Ejecutivo catalán apuntó que hasta el día 1 hará falta firmeza y serenidad. «El día 1 saldremos de casa con la papeleta y la haremos servir», advirtió y pidió a los catalanes una respuesta firme, masiva y cívica el día del referéndum.

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