Transparencia avala que Moncloa tenga Pegasus en máximo secreto

Es más, el CTBG zanja que el hecho de que el propio Gobierno, en una rueda de prensa ofrecida por el ministro de la Presidencia Félix Bolaños el 2 de mayo de 2022, comunicara públicamente que tres de los móviles del Ejecutivo habían sido espiados con el 'malware' israelí no es un motivo suficiente para que todo lo que tenga que ver con Pegasus no sea secreto de Estado.

Aquel día, el Ejecutivo, en una comparecencia inédita en España y en sus países aliados, desveló que el dispositivo telefónico del presidente Sánchez fue infectado por Pegasus en dos ocasiones –el 19 y el 31 de mayo de 2021–, lo que derivó en un robo de información de 2,6 gigas y 130 megas; que el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, resultó 'hackeado' en junio de ese mismo año y que de él salieron solo nueve megas de datos; que el terminal del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue infectado con el 'malware' en dos ataques –el 7 y el 26 de junio– sustrayéndole 6,3 gigas; y que por la misma época, otro 'smartphone' más, en este caso el del responsable del Ministerio de Agricultura, Luis Planas, fue asaltado también con Pegasus, pero sin que lograra extraer información.

Según Transparencia, «que el Gobierno haya facilitado información sobre la afectación de determinados teléfonos concretos» no cambia nada. «Esta autoridad (el propio CTBG) desconoce tanto si lo divulgado tenía o no la naturaleza de informaciones clasificadas como si, en su caso, existía una base jurídica para ello», apunta el organismo.

El consejo avala el blindaje a toda la información referida a Pegasus sobre la base de que el análisis de los terminales en los que se descubrió la presencia del sistema espía en los teléfonos gubernamentales corrió a cargo del Centro Criptológico Nacional (CCN), el corazón tecnológico de los servicios secretos, y que éste «está adscrito al Centro Nacional de Inteligencia». Dicha adscripción, según Transparencia, es la que justifica que todo lo que se refiere al sistema, tanto su utilización por parte de los servicios secretos como la investigación de España como víctima del mismo, se encuentre protegida por el sigilo que exigen el artículo 5.1 de la ley reguladora del CNI de 2002 –que certifica como «información clasificada» con el grado de «secreto» lo relativo a «medios y procedimientos» del centro– como la norma sobre secretos oficiales de 1968.

Ninguna de las peticiones rechazadas ahora con la cobertura    de Transparencia versaba sobre las cuestiones más peliagudas del caso, como el contenido de la información que fue robada por Pegasus al Gobierno; los datos que el CNI obtuvo del espionaje reconocido a 18 independentistas catalanes (entre ellos, el president Pere Aragonès); o los otros objetivos de los servicios secretos con el sistema espía.

Las peticiones perseguían conocer, entre otros detalles, cuántos móviles del Gobierno habían sido infectados y los nombre de los otros posibles altos cargos víctimas del espionaje; la guía supuestamente elaborado por el CCN para detectar Pegasus en los móviles; el documento de este mismo organismo en el que se certificaba la vigilancia a Sánchez, Robles y Marlaska; los datos del contrato de la compra del 'malware' por el CNI; o el número de teléfonos analizados en las diferentes administraciones por parte del Centro Criptológico Nacional en busca del 'software' malicioso israelí.