La Constitución sitiada

Esta vez le ha tocado el turno a la separación de poderes, el principio constitucional que nos protege contra el abuso de autoridad que se ha visto violentado en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la instrucción del caso, al proclamar el presidente Sánchez la inocencia de su pupilo solo unos días antes de que el asunto quedase visto para sentencia. La suerte del fiscal general no es solo la suya, es también un antecedente de lo que podría suceder con la esposa y el hermano de Sánchez, y en general, con los episodios de corrupción vinculados al Gobierno de la izquierda.

Si el jefe del Ejecutivo y todos los ministros han descalificado la decisión del Tribunal Supremo sobre el fiscal general con el apoyo de los periodistas amigos y de ilustres juristas independientes como Ramoncín, Gonzalo Miró o el Gran Wyoming, que han anticipado que se trata de una condena sin pruebas, como un ejemplo del 'lawfare' que predican antes de que hayan trascendido los fundamentos de la sentencia, qué no habrán dicho en las Casas del Pueblo los militantes socialistas más entregados. Sin embargo, la entrada en prisión de Koldo y Ábalos, muy poco después de que Cerdán fuese liberado provisionalmente, desbarata la teoría sobre la inocencia de Sánchez y la pureza de su régimen. Incluso a sus partidarios acérrimos les cuesta creer que un tipo tan listo que ve crecer la hierba no huela la putrefacción de los tres compañeros del Peugeot. Por no hablar de Paco Salazar, el acreditado acosador sexual con despacho en la Moncloa.

Si Sánchez y su régimen aún conservasen alguna fortaleza política y parlamentaria, sin duda intentarían una reforma judicial como la que en México pergeñó Andrés Manuel López Obrador y ha ejecutado Claudia Sheinbaum para promocionar a los jueces afines mediante el voto popular, pero esa maniobra seguramente ya no está a su alcance. La mejor noticia de estos días es que la justicia y la separación de poderes funciona en España, aunque sea con dificultades.

El PP de Alberto Núñez Feijóo mira al futuro, aunque como no lo ve del todo claro, teclea todos los resortes a ver si alguno funciona: lo mismo pide elecciones urgentes en el Congreso que en la calle, lo mismo corteja a Vox que marca distancias, hasta explora la moción de censura con Junts, el mismo aliado de Sánchez, el mismo enemigo de España ayer, hoy y mañana, al que la mayor parte del electorado conservador no le gusta de compañero ni para apañar duros, aunque la moción de censura sea instrumental para a continuación convocar elecciones.

Asediado por la corrupción y abandonado por sus socios, a Pedro Sánchez se le intuye cerca del final político. Incluso entre las filas socialistas, donde los viejos socialdemócratas –González, Guerra, Sevilla…– preparan el camino para que una generación más joven –Page, Lobato…– tome las riendas del partido el día después de Sánchez. Lo peor es que el grueso de la militancia, al día de hoy, no les quiere ni ver. Prefieren a Pedro.

No, el sanchismo solo pasará a la historia mediante una gran derrota electoral que todavía está por ver. Su paladín tambaleante domina el juego en campo embarrado y aspira a mantenerse en el poder con la convocatoria de elecciones en el momento más propicio, refugiado en la idea de que el progresismo populista que él lidera es el único freno posible a las derechas extremas, y en ese propósito está dispuesto a hacer todo el daño posible a sus enemigos. Y entre ellos, a los valores constitucionales que, como señaló este pasado viernes la presidenta del Parlamento cántabro, María José López Revuelta, han cimentado la España democrática.