Cuando el silencio se hace cómplice
Sierrallana fue un lugar donde la dignidad de los profesionales se dejó a la intemperie
El Juzgado de lo Penal ha confirmado penas de tres a cinco años de cárcel por coacciones a varios compañeros por parte de cuatro empleadas ... del laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Sierrallana entre 2011 y 2019: ridiculización, insultos, desprestigio de superiores y presión para que otros trabajadores no cuestionaran su autoridad. En 2018, el conflicto trascendió a nivel interno, pero el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección del hospital no adoptaron medidas para poner fin al problema. Lo que ha ocurrido es mucho más que una anécdota judicial. La condena a prisión a estas cuatro sanitarias no es solo la historia de unas personas que traspasaron los límites, es el reflejo de lo que ocurre cuando quienes tienen que velar por el bienestar de los trabajadores optan por mirar hacia otro lado. La sentencia lo señala con claridad: el conflicto era conocido por la Dirección del hospital, que no tomó medidas efectivas. Aquí está la clave: el maltrato, sea cual sea su forma, no se sostiene únicamente por quien lo ejerce, se alimenta del silencio de quienes lo permiten, de la pasividad de los que, pudiendo intervenir, no lo hacen.
El Servicio Cántabro de Salud tenía una responsabilidad ética y legal ineludible: garantizar la seguridad y la dignidad de sus trabajadores, y no debió olvidar que un hospital no puede ser un lugar donde se normalicen la humillación, el miedo o la indiferencia. El caso de Sierrallana debería ser un punto de inflexión. No basta con sancionar a quienes ejercieron la violencia. Es urgente revisar la responsabilidad de quienes, sabiendo lo que ocurría, decidieron callar: mirar hacia otro lado no protege la institución, la corrompe. Un hospital debe ser un lugar donde se protege la vida y la dignidad. Sierrallana, durante demasiado tiempo, fue un lugar donde la dignidad de los profesionales se dejó a la intemperie. La indiferencia de un jefe frente al maltrato es complicidad. Un jefe valiente no es aquel que evita conflictos, sino el que los enfrenta; no se esconde tras informes, se atreve a defender a las víctimas. Por eso es de justicia resaltar la actuación del sindicalista José María Fernández –USO y UGT, y ya jubilado–, cuya firmeza y compromiso resultaron decisivos para que se hiciera justicia en el caso de las maltratadoras. Su papel no se limitó a la defensa de los derechos laborales, sino que fue a un terreno mucho mejor, el de la de la dignidad humana. Con perseverancia, valentía y sentido ético no abandonó la batalla, logrando que los hechos no quedaran impunes y que la verdad prevaleciera sobre el silencio. Entre 2011 y 2019 fueron responsables del hospital una directora y un director nombrados por dos consejeros pertenecientes a gobiernos del PP y del PRC-PSOE, respectivamente. La inacción culpable les hizo socios.
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