«El urbanismo es un perverso método de financiación indirecta de los partidos»

El magistrado del Supremo Martín Pallín propone el incremento de penas para los «funcionarios que se dejan sobornar» y los promotores que se lucran ilegalmente

ASER FALAGÁNSANTANDER
José Antonio Martín Pallín. / ROBERTO RUIZ/
José Antonio Martín Pallín. / ROBERTO RUIZ

José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, denunció ayer en la UIMP, que «el urbanismo es un perverso método indirecto de financiación de los partidos porque nadie porque nadie ha querido agarrar el toro por los cuernos y hacer una ley de financiación equiparable a otras que existen en la Unión Europea». El magistrado se lamentó de las escasas penas con las que se condenan este tipo de conductas, que no pueden ser calificadas como «delitos menores», por lo que demandó una mayor persecución para «los funcionarios que se dejan sobornar» y «los promotores que se lucran con estas actividades». En concreto, propuso incrementar las penas actuales (de dos a cuatro años) para situarlas entre los ocho y los diez.

Pallín apostó por la creación de «un organismo centralizado» que colabore en la planificación urbanística y «pueda llamar la atención e incitar a los tribunales a actuar», lo que a su juicio se podría conseguir sin vulnerar el principio de la autonomía municipal, que se utiliza como «excusa demagógica» para no ejercer un control estricto sobre este tipo de actividades. Máxime cuando se trata ya de un problema «supranacional», puesto que «el más de medio millón de ciudadanos de la UE que viven en España ya ha puesto más de 15.000 quejas al Parlamento Europeo» por la actuación de los promotores, «que se han convertido en depredadores del terreno en connivencia con los ayuntamientos».

A su juicio, y siempre «respetando absolutamente» la autonomía municipal, ésta no se puede entender como la imposibilidad de «corregir, fiscalizar o paralizar planes urbanísticos» que signifiquen una fuente de ingresos para los ayuntamientos «a costa de vulnerar la legalidad».

«Detrás de eso vienen la corrupción, los sobornos, la especulación y destrucción del hábitat», denunció Pallín al referirse a muchas de «esas fastuosas promociones inmobiliarias que no llegan al 40% de viviendas habitadas», mientras que el 60% restante pertenece a «inversores que utilizan el ladrillo para lavar el dinero negro».

En este sentido, instó a que la Justicia paralice los planes urbanísticos «hasta que se decida sobre su legalidad», y puso como ejemplo el proceso que se ha seguido en la opa de E.ON. El miembro de la Sala Segunda señaló que si este tipo de actuaciones se analizaran «en un plazo razonable de un año» la paralización no supondría ninguna dificultad para que los ayuntamientos pudieran seguir prestando sus servicios. «No se puede resolver sobre un plan urbanístico a los diez años, cuando ya está prácticamente desarrollado, y volar todo lo que está hecho», se lamentó Pallín, para quien «el urbanismo es demasiado importante para dejarlo en manos de los ayuntamientos».

El magistrado apoyó estas afirmaciones con el ejemplo de Marbella, que a su juicio «está completamente extendido», también en la costa del Cantábrico, de la que citó como caso más evidente la provincia de Lugo.