El TSJC desestimó un recurso contra las nuevas tarifas de los parkings

Estacionamientos Controlados S. A. reclamaba una compensación por los más de 4 millones que dijo haber perdido por el cobro por fracciones de hora

JAVIER FDEZ. RUBIOSANTANDER
Un vehículo entrando en uno de los aparcamientos de Santander. / M. DE LAS CUEVAS/
Un vehículo entrando en uno de los aparcamientos de Santander. / M. DE LAS CUEVAS

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha fallado en contra de la empresa concesionaria de los aparcamientos subterráneos de las calles de Jesús de Monasterio y Numancia de Santander y desestimado su reclamación de más de cuatro millones de euros por los supuestos beneficios que dejó de ingresar al aplicarse en 1998 un nuevo modelo de cobro que se aproximaba al de tiempo real de estacionamiento.

La empresa Estacionamientos Controlados, S. A. recurrió en apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo un fallo desestimatorio que hizo previamente el Juzgado de lo Contencioso Número Tres de Santander. De este modo, el TSJC confirmó la primera sentencia al tiempo que ha impuesto costas al reclamante.

El concesionario de los citados parkings reclamaba el pago de 4,1 millones de euros por el 'lucro cesante' generado por el acuerdo del Ayuntamiento de Santander de 1998 por el que se empezaba a cobrar en los espacios habilitados para los vehículos por períodos de media hora a partir de la primera hora de aparcamiento. (Posteriormente, otro acuerdo de 2004 establecía tarifas al minuto de establecimiento).

La empresa consideraba que la iniciativa política le mermaba la recaudación, sobre una proyección en el tiempo que hacía, en 2,8 millones de euros para el caso del parking de Jesús de Monasterio, y 1,3 millones para el de Numancia, a lo que sumaba intereses, «por daño emergente y lucro cesante».

Desestimado

El Tribunal reconoce que, cuando está acreditado un perjuicio por la modificación de unas condiciones, la administración «debe soportar las consecuencias económicas». Lo que sucede en el caso examinado es que no ha quedado acreditado que se produjera un quebranto económico.

Quebranto económico

La Sala ha basado su decisión en que no ha quedado acreditado que se produjera un quebranto económico por el cambio de tarificación, confirmando así una sentencia anterior.

«No se ha producido el desequilibrio de la concesión administrativa, ni por la modificación de tarifas ni por otra circunstancia derivada y a ellas inherente, porque el planteamiento del concesionario se basa en un informe que no tiene en cuenta factores, variables ni datos, sumamente necesarios para esclarecer ese hecho fundamental cual es que ha habido pérdidas en las concesiones».

Dicho informe, aportado por la empresa, no lo considera suficiente ya que no examina extremos como los incrementos del IPC dictados por el Ayuntamiento de Santander para las tarifas, si se ha producido o no un mayor uso de la instalación a consecuencia del nuevo modelo de cobro, ni por el impacto del nuevo cambio de cobro, en tiempo real, que se aprobó en 2004.

La argumentación, además, contrapone que, según la documentación presentada por el Ayuntamiento de Santander, se habría producido «un incremento de beneficios y aumento del margen industrial» de la concesión desde entonces.

Asimismo, la sentencia destaca que ningún otro aparcamiento, regido mediante concesión, de los que hay en Santander recurrió el cambio de tarificación, por lo que «resulta indudable que de haber repercutido en ellas el desequilibrio que se pregona de la modificación de las tarifas hubieran reclamado la compensación económica por ello y no es así».