Las tarjetas prepago de teléfonos móviles dejarán de ser anónimas para las investigaciones policiales

El Gobierno abre las puertas al control de las operadoras para seguir el rastro de terroristas

P. DE L. H.COLPISA. MADRID

Las Fuerzas de Seguridad del Estado podrán rastrear todas las llamadas telefónicas: su origen, su destino, su duración y hasta las personas que participen en ellas. El Gobierno aprobó ayer, para su remisión a la Cortes, un proyecto de ley con el que pretende hacer frente a muchos de los problemas con los que se enfrentaron los investigadores del 11-M tras la masacre. El texto obligará a los operadores a conservar durante un año datos generados en cualquier tipo de comunicación electrónica, incluida la que se produzca a través Internet. La iniciativa no afecta, aún así, al «contenido» de las conversaciones. Además -según explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega- requerirá «siempre» autorización judicial.

El Gobierno ha dado por fin un paso anunciado por el anterior ministro del Interior, José Antonio Alonso, poco tiempo después de asumir su cargo. El hoy titular de Defensa presentó en mayo de 2004 un plan de choque contra el terrorismo islamista en el que se abogaba por este tipo de medidas. El motivo no era otro que el destacado papel que tuvieron los teléfonos móviles en los atentados de Atocha. Los terroristas los utilizaron para activar las bombas que estallaron en los trenes y la policía tuvo serias dificultades para identificar a sus titulares, sobre todo, porque todos llevaban tarjetas prepago y no de contrato.

Ahora -una vez el texto sea aprobado por el Parlamento- se exigirá a los operadores telefónicos que registren en un libro la identidad de quienes adquieran estas tarjetas. La ley les concederá un plazo de tres meses para realizar las adaptaciones técnicas necesarias. Lo que no está determinado, en este caso, es durante cuánto tiempo deberán guardar los datos. Fernández de la Vega subrayó que el «Gobierno es consciente de que debe mantenerse sin merma el derecho a la intimidad». A su juicio, la iniciativa servirá para incrementar la eficacia en la prevención de delitos y la obtención de pruebas judiciales contra bandas terroristas y organizaciones criminales.

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