30.000 dependientes fallecidos cobraban la prestación

Se destinaron 140 millones de euros a estas deficiencias, según un informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la normativa entre 2007 y 2011

DAVID VALERAMADRID

La falta de actualización de las bases de datos de dependientes entre los distintos niveles de las administraciones -autonómica y central- provocó que casi 30.000 beneficiarios pudieran seguir cobrando su ayuda después de haber fallecido. Así lo pone de manifiesto un informe preliminar del Tribunal de Cuentas conocido este miércoles que analiza la gestión económica de la aplicación de la ley de Dependencia entre 2007 y 2011. El documento deja claro la total descoordinación y errática gestión de las ayudas a la dependencia por parte de los organismos públicos.

En su análisis demoledor el Tribunal de Cuentas denuncia que 29.169 personas se encontraban «indebidamente incluidas en la aplicación informática SISAAD como beneficiarias del sistema después de haber fallecido». El documento denuncia que la omisión de la información se debió a la «falta de comunicación de estos decesos por parte de las comunidades autónomas» a la aplicación informática. Esta falta de actualización de la base de datos provocó que el Estado a través del Imserso -el organismo encargado de gestionar las ayudas de dependencia- siguiera abonando a los Gobiernos regionales el porcentaje correspondiente de la prestación.

Sin embargo, eso no significa que la familia de los beneficiarios fallecidos recibieran el dinero. De hecho, como el propio informe denuncia, es posible que las comunidades sí que dejaran de abonarles la prestación al ser informados del deceso. Por eso el informe concluye que se produjo una «financiación indebida de estas comunidades», ya que el dinero nunca llegó a su destinatario final (ya fallecido).

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas también tira de las orejas al Gobierno central al recordarle que es el Imserso el responsable de la «administración», «mantenimiento» y «actualización» de la aplicación informática. Una vez detectado el problema, el Imserso ha logrado recuperar más de 140 millones de euros de ayudas concedidas a las comunidades autónomas indebidamente. Entre las comunidades con más beneficiarios fallecidos se encuentran Andalucía (4.194), Castilla y León (4.105) o País Vasco (3.444).

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