Ecologistas llevan a la Fiscalía la canalización del Asón en Ampuero para que determine si es legal
El grupo Ecología y Libertad acusa a la alcaldesa, el secretario y el arquitecto de autorizar la restauración fluvial sin los requisitos exigibles por ley, mientras el Consistorio responde que la actuación cuenta con autorización administrativa firme
La asociación Ecología y Libertad ha presentado ante la Fiscalía Superior de Cantabria una denuncia por presunta «prevaricación urbanística» contra la alcaldesa de Ampuero, Amaya Fernández así como contra el secretario y el arquitecto municipales. El colectivo, con sede en Madrid, sostiene que el proyecto de restauración fluvial y reducción del riesgo de inundaciones del río Asón, promovido por el Consistorio y financiado con fondos europeos, se estaría ejecutando «sin las garantías urbanísticas y ambientales exigidas por la ley».
Según la denuncia, el Ayuntamiento habría impulsado las obras «de forma directamente ejecutable», sin tramitar licencias o títulos habilitantes adicionales, a pesar de su envergadura y del impacto en terrenos de titularidad privada. La asociación señala además «irregularidades en la gestión de las expropiaciones y en la delimitación del dominio público hidráulico».
Desde el Ayuntamiento de Ampuero han rechazado de plano las acusaciones y aseguran que la actuación «cuenta con autorización administrativa firme», obtenida tras un procedimiento reglado en el que intervinieron todos los órganos competentes. El Consistorio subraya que el proyecto fue revisado y autorizado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la Dirección General de Aguas y Puertos, Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Costas y ADIF, lo que garantiza su plena legalidad y su adecuación a la normativa técnica y ambiental vigente».
El Gobierno local recalca que el proyecto ha recibido el apoyo de más de 170 vecinos directamente afectados, quienes consideran la intervención «necesaria y de interés público». En este sentido, desde Ecología y Libertad subrayan que su postura «no es de oposición frontal» al proyecto, sino de exigencia de legalidad.
El colectivo reconoce que el objetivo de la obra es «loable y razonable», al buscar reducir el riesgo de inundaciones en Ampuero, pero insiste en que «no puede ejecutarse al margen de los procedimientos urbanísticos y ambientales preceptivos».
