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El 'caso Santillana', en el que se investigan supuestas irregularidades en la gestión municipal del Ayuntamiento, sumó ayer un nuevo capítulo relacionado con la cuarta ... pieza separada que tiene que ver con las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones para la Escuela Municipal de Deportes (EMD) y el Club Deportivo Elemental Santillana. Un asunto en el que, según consta en el sumario, hay unos 481.000 euros de ayudas concedidos a estas entidades que no se han justificado por el momento.
El instructor del caso, el magistrado Pablo Fernández de la Vega, tomó ayer declaración en calidad de investigados al exalcalde Ángel Rodríguez (edil de Deportes de 2018 a 2019), al actual edil de Deportes por el PP, Rafael Oceja (también edil de este área entre 2019 y 2023 por un partido independiente) y a Miguel Mata (PSOE), edil de Deportes de 2023 hasta junio de 2024.
Según ha podido saber este periódico, durante las comparecencias celebradas ayer en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Torrelavega, el exalcalde y Oceja se culparon el uno al otro sobre la gestión de las subvenciones que son objeto de investigación.
Mientras que el exalcalde declaró que «no podía meterme en la gestión de Oceja como edil de Deportes en base al pacto de gobierno que suscribimos ambos en 2019», el segundo quiso dejar claro que «no tengo nada que ver» con ese asunto de las subvenciones porque fue Rodríguez en su etapa de edil de Deportes (2018-2019), antes de ser alcalde, «el que puso en marcha el sistema de concesión de las subvenciones».
Según sostiene el fiscal, las empresas que están investigadas en el caso han recibido del Ayuntamiento de Santillana, desde 2017, 355.553 euros para contratar monitores, «que efectivamente han desarrollado esta labor en Santillana y en su mayoría prestan servicio como voluntarios a coste cero o una cantidad mínima testimonial que reciben 'en negro'».
Los responsables de algunas de esas entidades sostienen, aunque no han aportado documentación al respecto, que daban de alta y pagaban a los monitores que contrataban, aunque estos, que declararán en los próximos días, señalaron ante la Guardia Civil hace unos meses que no era así.
En esta pieza separada, la Fiscalía aprecia indicios de presunto delito de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.
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