Ecologistas en Acción presenta alegaciones al proyecto de investigación minera de Yuso

Mapa que muestra la zona de actuación/EA
Mapa que muestra la zona de actuación / EA

El permiso afectaría a los términos municipales de Santillana del Mar, Suances, Reocín y Torrelavega

Ecologistas en Acción Cantabria ha presentado alegaciones al tercer permiso de investigación minero que se ha presentado ante la Consejería de Industria de Cantabria, el denominado Yuso, que afecta a cuatro municipios, solicitando que se rechace su admisión y no se otorgue el permiso.

Este tercer permiso está promovido por la empresa Atalaya Riotinto Minera, del grupo Atalaya Mining, ocupa 47 cuadrículas mineras en los términos municipales de Santillana del Mar y Suances, además de afectar en menor medida a los Reocín y Torrelavega, informa el colectivo conservacionistas en un comunicado.

Los cuatro principales accionistas de Atalaya Mining son la empresa suiza de las materias primas Trafigura, la metalúrgica china Yanggu Xiangguang Copper y los fondos de inversión Liberty Metals & Mining y Orion Mine Finance.

El permiso de investigación solicitado es para dos años y en el primer año está previsto realizar 118 sondeos, de profundidad media en torno a 700 metros, en las dos zonas con mineralización de zinc ya conocida, concentrados en las localidades de Queveda y Yuso, en el municipio de Santillana del Mar.

Para Ecologistas en Acción, resulta «muy preocupante», y así lo recoge en sus alegaciones, que la empresa pretenda abrir una galería de 5 kilómetros para acceder a la profundidad de 600 metros, aparte de perforar unos 100.000 metros adicionales que pueden suponer la apertura de unos 160 sondeos más.

Un grupo de las alegaciones se refieren a la forma en que se han tramitado estos permisos de investigación, al considerar que se han incumplido las normas relativas a la planificación minera, con la aprobación de la ilegal Ley 5/2017, de 15 de mayo, de modificación de la Ley del Suelo 2/2001.

Otras alegaciones tienen que ver con los trabajos mineros concretos para los que se exige un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo que evalúe los impactos tanto de la galería de 5.000 metros, como los 280 sondeos profundos que está previsto realizar.

Para el colectivo ecologistas, esta galería es «una clara extralimitación del proyecto» que solo debería contener trabajos de investigación «y nunca de explotación encubierta».

También se alega contra el Plan de Restauración al que se le considera «carente de solidez» y de un estudio adaptado al territorio, y también contra el documento de seguridad y salud por contener «errores, falsedades y generalidades que delatan que se trata de un documento elaborado para otra actividad».

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